La política económica argentina desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta el presente se caracteriza por dos rasgos principales: la baja frecuencia de los planes de estabilización y la destrucción del Ministerio de Economía como institución.
La baja frecuencia de los planes de estabilización se demuestra cuando se analizan cuántos planes de estabilización "exitosos" aunque transitorios hemos tenido durante estos casi 40 años de regularidad electoral recuperada.
Argentina ha tenido solo dos planes de estabilización. El Plan Austral y el Plan de Convertibilidad. Ambos planes se caracterizaban por una narrativa común, de acuerdo al discurso de anuncio de sus ministros de Economía emblemáticos, Juan Vital Sourrouille y Domingo Cavallo, respectivamente: la recuperación de la credibilidad en los hacedores de política económica (Presidente, ministro de Economía y presidente del Banco Central) y con ello el crédito y la confianza en un posterior ordenamiento permanente de las finanzas públicas.
Pero una característica singular debe notarse es que ambos planes fueron aplicados dos años después de asumido los respectivos gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem. En efecto, luego del fracaso de la gestión del ministro Bernardo Grispun, el Plan Austral, propuesto por el nuevo ministro de Economía, Sourrouille, fue lanzado en junio de 1985, 19 meses después de asumir la presidencia de Alfonsín.
El Plan de Convertibilidad se implemento en abril de 1991, luego de 22 meses de asumida la presidencia Menem y los numerosos fracasos de sus ministros de Economía previos a Cavallo (Miguel Roig, Néstor Rapanelli y Erman González), incluidos plan Bonex y una segunda hiperinflación.
Por lo tanto, todos los gobiernos de la democracia recuperada, incluido el presente, asumieron sin un plan de estabilización, y solo dos implementaron uno recién casi dos años después de asumir luego de varios intentos fracasados de estabilización previos.
En el pasado, los gobernantes argentinos buscaban nombrar un ministro de Economía que fuera emblemático, delegándole no solo la política económica sino también el arbitraje de los intereses de los grupos de presión corporativos, buscando disimular su propia debilidad política originada en la carencia de un funcionariado meritocrático independiente del poder político que aplicara los procedimientos estándar para resolver los problemas económicos de cualquier país normal.
Pero la era de los ministros emblemáticos ya pasó. En efecto, a los ocho ministros de Economía que tuvieron las dos primeras etapas kirchneristas, se agregan las características del loteo y sustracción de la gestión de la política económica a favor de otros ministerios que se mantuvo intacto durante la gestión de Mauricio Macri y profundizándose en el presente.
A la multiplicación y duplicación de ministerios, se agrega que el loteo implica que los subsecretarios y secretarios respondan a líderes de las facciones que integran la coalición oficial (sea Cambiemos o el Frente de Todos) sin que el ministro de Economía tenga en sus manos poder para definir los casilleros del gasto público y al mismo tiempo cómo se financia.
Por ejemplo, el presupuesto se define y coordina desde la Jefatura de Gabinete. Las obras públicas y las relaciones fiscales con las provincias, desde el Ministerio del Interior. La Secretaría de Energía no responde al ministro y Eduardo Basualdo sigue en su cargo de Subsecretario de Energía Eléctrica: tanto uno como otro desautorizaron al ministro en sus políticas.
El 23 de mayo de 2022, Roberto Feletti renunció a la Secretaría de Comercio, siendo reemplazado por Guillermo Hang; de esta manera, por fin el ministro de Economía puede nombrar a un funcionario de su confianza. Ello fue interpretado en general como un empoderamiento del ministro frente a los embates continuos del Instituto Patria y su intento de armar una mesa de gestión de la política económica donde se diluya la autoridad del titular del Palacio de Hacienda.
Por lo tanto, Martín Guzmán asume de hecho como ministro de Economía 30 meses después de la asunción presidencial.
Pero también se pensó que se había empoderado al ministro para efectuar el ajuste sobre jubilados y salarios estatales con la ley de emergencia solidaria o cuando se suponía el éxito de la renegociación de la deuda externa con acreedores privados. Sin embargo, el ajuste sobre las jubilaciones y los salarios sigue profundizándose gracias a la aceleración inflacionaria, ayudado por la fórmula implementada y el riesgo país está en niveles de default.
Si se acepta que el plan negociado con el FMI y aprobado por el Congreso en marzo de este año es el actual plan económico del Gobierno, entonces éste fue implementado 28 meses después de asumir la presidencia Alberto Fernández.
Paradójicamente, como todo plan del FMI, sugiere objetivos y medidas sin enforcement sobre el gasto público -cuyas filtraciones (corrupción e ineficiencia administrativa) suponen un 7% del PBI anual, según el BID-, con promesas de reducir su financiamiento por emisión monetaria y suba, eso sí concretas, de impuestos y tarifas, no muy distinto de lo criticado por el actual oficialismo al anterior cuando eran oposición.
Nuestra intuición es que aun el elemento positivo de recuperar poder interno por parte del ministro de Economía tiene el costado negativo de constituirse ahora sí en el fusible de un próximo posible fracaso en la disminución de la inflación. Todo el peso recaerá en el ministro Guzmán ahora empoderado, sin excusas de debilidad de gestión, ya que el Instituto Patria le ha cedido la función del control de precios vía cesión de la Secretaría de Comercio.
Argentina está sufriendo una supersimplificación brutal de su economía y en la gestión de sus políticas públicas: caos, desorden e inoperancia creciente en la gestión, especialmente en la política económica que resulta: compartimentada, loteada, inoperante y que responde a las facciones de la coalición oficial que procesa los conflictos por fuera de las instituciones constitucionales.
Los resultados son una profundización de la anomia argentina: leyes y decretos que no se cumplen porque agudizan los problemas de los argentinos en lugar de solucionarlos. La respuesta de los argentinos es el refugio en la informalidad y en la ilegalidad, los jóvenes votan con los pies mediante el exilio económico y se forma activos externos (compra de dólares y criptomonedas), vulgarmente "fuga de capitales", por parte de todos los estratos sociales para preservar el poder adquisitivo de salarios y ahorros.
Ante esta dura herencia, en 2023, la próxima gestión debería recuperar cuestiones básicas en breve tiempo. En primer lugar, hay que recuperar la confianza en la palabra presidencial. Segundo, hay que recuperar la institución del Ministerio de Economía, si no será imposible implementar un plan de estabilización y crecimiento con mínima probabilidad de éxito.
Se necesita un ministro de Economía "superpower", que reúna en sus manos las decisiones de gasto público y cómo se financia. El futuro ministro de Economía debería ser fusible para asumir los costos políticos de la estabilización macroeconómica en lugar del Presidente y ser tan emblemático como prestigioso y conocido para que recuperemos la tradición argentina de insultarlo en la plaza con nombre y apellido.
(*)Economista, académico y profesor en la Universidad de San Andrés
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