La política hace fracasar el plan económico

¿Cómo anclar las expectativas inflacionarias cuando en un mismo gobierno pujan por planes económicos diferentes? En medio de esta disputa entre el Ejecutivo y el kirchnerismo, nada parece aquietar la creciente indexación de la deuda pública en pesos, de los salarios y del propio gasto del Estado. Es por eso que la frase “lo peor ya pasó” que el ministro Martín Guzmán pronunció en la reunión de gabinete de la semana pasada no ha logrado dar certidumbre para un establishment que ya proyecta para 2022 un Índice de Precios al Consumidor (IPC) más cercano al 70 por ciento que al 60 por ciento.

Tampoco ayuda a generar confianza la multiplicidad de posturas en la coalición opositora, cuyos dirigentes están siendo presionados por todos los sectores de la sociedad para que formulen un plan de gobierno. Para ello deben conjugar las diferentes opiniones que existen en el PRO y en el propio radicalismo, lo que no parece sea una tarea fácil. 

Renglón aparte, Milei sigue canalizando el hartazgo de la ciudadanía con algunos vicios de buena parte de la dirigencia tradicional y puede hacer propuestas como el cierre del Banco Central.

La suba del IPC del 6 por ciento en abril sólo constituye una foto de un problema que promete agitar el termómetro social en lo que resta del mandato de Alberto Fernández. La medición de mayo tendrá en cuenta la suba en las naftas de hace unos días y la de junio debería absorber una suba tarifaria del 40 por ciento en promedio para los usuarios residenciales y de un 73 por ciento para las grandes industrias, que luego podrían trasladar los costos a sus productos.

Ordenar la interna

Los grandes empresarios, además, piden a la Casa Rosada que ordene una interna política que por momentos paraliza la gestión, como fue el caso de los popes de Techint que ganaron la licitación para el primer tramo del gasoducto de Vaca Muerta y ahora ven con preocupación el desafío que plantea el ala cristinista de Energía. 

El último viernes el camporista Federico Basualdo se paseó por el complejo Atucha con senadores ultra K como Oscar Parrilli, como forma de presionar a la Casa Rosada para destrabar la construcción de la cuarta central nuclear en el país. La obra tiene financiamiento chino, pero en la subsecretaría de Energía Eléctrica sospechan que está demorada por un lobby estadounidense que actuaría bajo el paraguas de Gustavo Beliz.

Como forma de alejarse de estos ruidos internos, el próximo jueves Alberto Fernández viajará a San Juan para compartir un acto de entrega de viviendas con el gobernador Sergio Uñac. Buscará una foto con un mandatario aliado que la última semana se ausentó de una reunión secreta de gobernadores peronistas en el CFI, en el centro porteño. 

Estrategia

Se trata de la misma estrategia que el jefe de Estado utilizó en Europa, en donde no se reunió con inversores pero sí con los mandatarios de España, Alemania y Francia con quienes trató de aclarar la posición Argentina frente a la invasión rusa a Ucrania, lo que por supuesto disgustó al kirchnerismo.

Todo se lee en clave interna en el oficialismo. En el Instituto Patria no se hicieron cargo de la velada amenaza que habría hecho Alberto F. en la intimidad de su gira europea, de eyectar a los funcionarios de Energía que se negaran a hacer cumplir los aumentos en las boletas de luz y gas consensuados en las audiencias públicas.

Cristina Kirchner no avala estos incrementos y señala a Guzmán como responsable del desborde inflacionario, como si esto fuera un fenómeno nuevo en la Argentina. Además, es evidente que sus partidarios quieren dinamitar el acuerdo con el Fondo Monetario y aseguran que la emisión monetaria para cubrir el gigantesco déficit del Estado no es inflacionaria. Sostienen que el consumo interno es el motor fundamental de la economía del país y que la emisión no desvaloriza la moneda y produce la carrera entre precios y salario. Del otro lado, el Presidente y su ministro de Economía apuestan a reducir el déficit fiscal y la asistencia de la autoridad monetaria al Tesoro para así “tranquilizar” la economía.

La movida de Cristina

Empero, para el “albertismo” el “debate” sobre la cuestión económica le sirve de excusa a la Vicepresidenta para poder despegarse del Gobierno e ir diseñando una estrategia electoral independiente rumbo a 2023. Hoy luce improbable un escenario de PASO en el Frente de Todos, tal como había estimado Fernández pocos días después de la derrota electoral de 2021, descartando la derrota electoral dentro de dos años. Se lanzan entonces propuestas que no comprometerían a un gobierno peronista al que recién ven posible para después del próximo turno presidencial.

Un síntoma de esta controversia resultó el reclamo de Sergio Massa a Guzmán para que elevara desde el mes próximo el piso para pagar el impuesto a las Ganancias -recién en enero estaba previsto elevar el mínimo no imponible de $225.037 a $265 mil-, que valió una lacónica respuesta del ministro, en la que consideró “obvia” la actualización del tributo merced a la evolución de la inflación.

Rápidamente se sumó a esta movida la CGT que exige que los aumentos salariales de las últimas semanas no sean absorbidos por el fisco. 

Todos piden que baje la inflación. Incluso los movimientos sociales de izquierda que el jueves pasado volvieron a llenar la Plaza de Mayo: recién en mayo los montos de los planes subirán a $22.500 como consecuencia del incremento del salario mínimo. Pero que de poco servirá a medida que la emisión desvaloriza el dinero.

Responsabilidad

Los dirigentes de Juntos por el Cambió sienten sobre sí la responsabilidad que surge de considerarse los seguros ganadores de las elecciones de 2023 si mantienen la unidad. Sin embargo, Macri insistió en que la unidad por la unidad misma no sirve, a diferencia de Lilita Carrió y de los radicales que creen que están en juego la vigencia de los principios de la democracia republicana como la división de poderes. 

Pero es inevitable que deban explicitar un plan económico que desarrollarían si fueran gobierno. Una plataforma a partir de la cual se podría convocar a otros sectores como el peronismo disidente.

El país para desarrollarse necesita reformas estructurales que requieren un amplio consenso político, pero sin mencionar nuevamente a Milei, creen que no es posible coincidir con quienes privatizarían el Banco Central y la enseñanza.

El crecimiento de las agrupaciones que hacen bandera del repudio a la política genera obligaciones nuevas y el respeto a normas tan antiguas cómo la necesidad de dar el ejemplo de actitudes austeras cuando la población sufre un terrible deterioro de sus ingresos.