La interna oficial promueve una agenda alejada de preocupaciones de la sociedad

Enfrascado en su propia interna, que le genera conflictos inesperados como el del Consejo de la Magistratura, el Gobierno no logra calibrar una agenda que le permita fijar las bases para el reordenamiento de una economía afectada por la alta inflación y una escasez de combustibles que amenaza con hacer caer la producción fabril en el pico de consumo invernal. Este último fenómeno es el que había puesto en alerta a un campo necesitado de gasoil para la cosecha gruesa, que ayer protagonizó un tractorazo en protesta por los impuestos y en rechazo al proyecto oficial que busca captar “la renta inesperada” que decantó el boom de commodities a causa de la guerra en Ucrania, pero que no alcanza a los productores agropecuarios, porque abarcaría a quienes ganaron más de mil millones de pesos.

Se trata, en última instancia, de temas que están lejos de la atención de una población que observa cómo la suba de precios va horadando su poder adquisitivo en forma diaria. Para los productores agropecuarios, en tanto, la suba de costos por los altos valores de los insumos y la falta de combustibles toman como una “verdadera provocación” el proyecto que busca crear un nuevo gravamen a las exportaciones.

Desconfianza

No alcanzaron ayer las explicaciones oficiales que el sector no estaría alcanzado para dicho impuesto -hasta el ministro Julián Domínguez (Agroindustria) mandó un mensaje desde su gira por Israel- para atemperar el clima de protesta que se vivió en plaza de Mayo, en el centro porteño y en varias ciudades del interior del país. La desconfianza con el Ejecutivo es grande y se acrecienta en la medida que se hacen más visibles las contradicciones en la propia coalición oficial. El propio ministro Martín Guzmán (Economía) había deslizado que la búsqueda de la “renta inesperada” de sectores beneficiados por la suba de sus productos a consecuencia del conflicto bélico comprendería a comercializadores de granos, energía y minerales.

En el kirchnerismo vienen reclamando la adopción de retenciones móviles a las exportaciones o un aumento en las alícuotas y, por otra cuerda, avanzar en la aprobación del proyecto que crea un fondo para pagar al FMI con recursos de los argentinos que fugaron bienes y dólares al exterior. 

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, criticó con dureza a Juntos por el Cambio por sumarse a la protesta del campo porque, según ella, “no contribuye a la convivencia democrática”. Ayer acompañaron a los ruralistas dirigentes como Horacio Rodríguez

Larreta, José Luis Espert o Diego Santilli, pero en verdad hace tiempo la oposición viene alertando sobre la alta carga impositiva que afecta al agro, que además es obligado a liquidar sus cosechas al dólar oficial.

“Respetar la constitución”

El diputado y economista Ricardo López Murphy justificó su apoyo a la protesta al considerar que “hay un solo camino posible para salir adelante del descalabro kirchnerista: respetar la Constitución Nacional. Hoy marchamos todos juntos, para frenar los atropellos y por la baja de impuestos, con la Constitución en la mano”.

La UIA también viene cuestionando la iniciativa para captar la “renta inesperada” y mañana sus máximos directivos serían recibidos por el presidente Alberto Fernández. La otra gran preocupación es la escasez de energía.

El próximo sábado vencen los contratos anuales de muchas empresas para la provisión de gas: no sólo hay preocupación por la falta de fluido sino “por los precios especulativos” de un mercado que duda que este año Argentina puedan hacer frente a pagos por 6 mil millones de dólares para importar GNL.

A pesar de todas las versiones el presidente fue al acto en Vaca Muerta con los ministros “díscolos” y Axel Kicillof dónde retomó el relato del kirchnerismo. Pero fue en el salón blanco de la Casa Rosada donde anunció el pago de bonos para los sectores no sindicalizados, algo que no es suficiente para el Instituto Patria.

Otra agenda

Al momento de los anuncios, con todo, la agenda del kirchnerismo era otra: la embestida contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que había asumido la presidencia del Consejo de la Magistratura, y al que acusaban de haber propiciado un “golpe institucional”. Era la agenda judicial” de Cristina, como irónicamente la denominan en Balcarce 50, la que fue ganando posiciones en la semana y llevó a la Vice a partir el bloque del Senado para intentar asegurarse una silla más en el organismo que nombra y sanciona jueces al presentar a Unidad Ciudadana como segunda minoría parlamentaria. Así el oficialismo tendría los dos senadores que corresponden a la mayoría y también el de la minoría por Córdoba.

En el entorno del jefe de Estado desconocían la movida que se urdió el martes en la noche en la presidencia del Senado e intentaron mantenerse alejados de un conflicto entre poderes.

El juez Rosatti, en tanto, ya tomó juramento a los 18 consejeros oficializados y ahora espera que la Corte, que también preside, analice las impugnaciones de los representantes por las segundas minorías del Parlamento: el camporista Martín Doñate y la diputada radical Roxana Reyes. En esta nueva batalla contra el Poder Judicial se manifiestan las discrepancias de algunos líderes del peronismo federal que han comenzado a exigir ser escuchados.

En aprietos

La interna oficial ha puesto en aprietos a la propia CGT que por primera vez en muchos años, parece, no va a marchar por el 1º de Mayo. La conducción cegetista es aliada del jefe de Estado y evita agudizar las tensiones ante la reducción del poder adquisitivo de la población. “Tampoco hay clima político”, se atajó un jefe gremial consultado. Las tensiones entre el “albertismo” y el kirchnerismo” podrían gatillar en un acto masivo incidentes que pongan a prueba la unidad que selló la central obrera el pasado 11 de noviembre.

Sí el próximo domingo habrá una multitudinaria caravana de las organizaciones sociales en una jornada en la que se prevén muestras de apoyo al Gobierno, pero también algunos reclamos.

Los referentes de la denominada “economía popular” se consideran un actor más del mercado. Y esperan que pronto el Presidente confirme la creación de una secretaría de economía social, un gesto hacia el dirigente y funcionario Emilio Pérsico (Movimiento Evita), uno de los hombres indispensables para mantener el control de la calle.

“El problema de la inflación y de la economía no tiene motivaciones solo económicas, sino también políticas. El problema más grave del Gobierno nacional es su fractura, que le impide tener un liderazgo claro y donde muchos dirigentes y funcionarios del Frente de Todos están poniendo demasiada energía en esa pelea interna”, explicó el titular del radicalismo, Gerardo Morales.

 A pocos días de finalizar el primer cuatrimestre, el Parlamento continúa en situación “de bloqueo” por la falta de acuerdo entre oficialismo y oposición para establecer una agenda común. Recién la última semana se confirmaron algunas comisiones en la cámara baja. Parece poco y es muy poco frente a los problemas que perturban a los argentinos en lo económico, en lo educativo y en todos los aspectos de la vida diaria.