La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió cambiar el ritmo y el tono de su ofensiva contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Con el oficialismo decidido a llevar el proyecto al recinto el mes próximo, la central sindical optó por una jugada de ajedrez: menos exposición pública, más rosca política y un desembarco técnico en el Congreso.
El plan combina dos frentes clave. Por un lado, una ronda de contactos con gobernadores para pedirles que no acompañen la iniciativa tal como está redactada —o que empujen cambios a través de sus legisladores—. Por el otro, una participación inicial limitada en el Senado de la Nación, donde el texto comenzará a discutirse en los próximos días.
Perfil bajo, debate quirúrgico
Lejos de los discursos encendidos, la CGT decidió enviar primero a sus abogados laboralistas. La consigna es clara: discutir “artículo por artículo” y evitar, por ahora, una confrontación política directa.
“Esta semana no habrá dirigentes, solo equipos técnicos. Después veremos”, admiten en la central obrera, dejando abierta la puerta a una segunda etapa de mayor presión política.
Las reuniones comenzarán este viernes en una comisión especial del Senado que escuchará tanto al sindicalismo como al sector empresario. Allí se buscará consensuar cambios que luego podrían llegar al recinto, donde el proyecto empezaría a tratarse desde el 10 de febrero.
Gobernadores, la clave del tablero
Mientras tanto, la CGT prepara una gira exprés por distintas provincias. El objetivo es hablar cara a cara con los mandatarios y advertirles sobre el impacto de la reforma en cada distrito. “La idea es ir a todas las provincias”, aseguran fuentes sindicales, aunque reconocen que el calendario legislativo juega en contra.
Los artículos que encienden alarmas
Entre los puntos más resistidos aparece la ampliación de las actividades consideradas esenciales, lo que obligaría a garantizar servicios mínimos durante las huelgas y, según la CGT, recortaría el derecho a la protesta.
También genera rechazo la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que permitiría que los acuerdos pierdan vigencia al vencer su plazo y habilitaría negociaciones por empresa. Para el sindicalismo, eso fragmenta el sistema laboral y debilita el poder de negociación.
A esto se suma la modificación de la cuota solidaria que aportan los trabajadores no afiliados y la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL), pensado como reemplazo del sistema de indemnizaciones, una iniciativa que la central obrera considera perjudicial ante eventuales despidos.
Una pulseada que recién empieza
Para el oficialismo, la reforma laboral es una pieza central del programa de gobierno del presidente Javier Milei. Para la CGT, en cambio, la batalla recién comienza: menos ruido, más estrategia y una consigna compartida puertas adentro—ganar tiempo y cambiar el partido antes de que llegue al recinto.
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