Tras el escándalo a raíz de la filtración de los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, el Gobierno finalmente concretó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y traspasó sus atribuciones al Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.
Se trata de una decisión que se maduraba desde la denuncia de presuntas maniobras de corrupción en la agencia hechas por quien la conducía: Spagnuolo, exabogado del presidente Javier Milei. Pero el caso fue más allá: en los audios se señaló a Karina Milei como destinataria de un esquema de recaudación que exigía “3%” a los prestadores.
Ayer por la mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció su cierre aunque aclaró que las prestaciones no serán recortadas ni se eliminarán. El hasta entonces interventor Alejandro Vilches asumirá como secretario.
“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, anunció desde la sala de conferencias. La medida generó encendidas críticas al Gobierno desde el arco opositor (ver nota siguiente).
Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, mobiliario”.
“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario, y completó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.
Y enfatizó especialmente que: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”.
Compartir