El Senado postergará hasta la próxima semana el debate del proyecto de reforma laboral, debido a que el Gobierno aún no giró el proyecto a la Cámara alta, lo cual podría demorar su sanción, informaron ayer fuentes legislativas.
La demora estaría vinculada a la espera del regreso del presidente Javier Milei de Noruega para que firme esa iniciativa. En este contexto, la Comisión de Trabajo y Previsión Social se reunirá la semana que viene para el dictamen y el proyecto recién podrá tratarse entre el 29 y 30 de diciembre.
La presidenta del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, se reunió ayer con la vicepresidenta Victoria Villarruel para avanzar en el armado de la Comisión de Legislación del Trabajo, que recién se conformará cuando ingrese el proyecto, entre hoy y el viernes.
Bullrich también mantuvo reuniones con senadores de diferentes bloques y con Luis Juez, que abandonó el PRO y anunció un nuevo bloque (ver nota aparte), Frente Cívico, para sumarse en el interbloque de La Libertad Avanza (LLA), que alcanzará así 21 diputados.
El proyecto que busca tratar el Gobierno tiene como puntos centrales la caída de la ultraactividad, cambios en el sistema de indemnizaciones, establecer límites a las asambleas en los lugares de trabajo y restringir la responsabilidad de la empresa cuando la responsabilidad es de una firma tercerizada, entre otros puntos.
Si bien el Gobierno estaría dispuesto a no incluir la eliminación de las cuotas solidarias a los sindicatos, que es su principal fuente de financiamiento para mantener las estructuras gremiales, sí genera un fuerte rechazo la declaración de esencialidad de varias actividades.
La iniciativa del Gobierno limita el derecho de huelga en determinados sectores declarados esenciales, como la educación, transporte, salud y podrían sumar la recolección de residuos, según reconocieron fuentes opositoras.
Por otra parte, la nueva conducción de la CGT se reunió ayer con senadores peronistas, que se comprometieron a rechazar cualquier reforma y, en ese sentido, trabajarán en forma conjunta entre los legisladores, los gobernadores y las centrales sindicales para impedir el avance de la reforma laboral.
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