En una jornada clave para medir el pulso del mercado tras el espaldarazo electoral, el Gobierno nacional enfrentó ayer su primera licitación de deuda con resultado que brindó lecturas dispares: adjudicó $6,867 billones frente a vencimientos por $12 billones, lo que implica un rollover de apenas el 57,18%. El resto deberá ser cubierto con emisión monetaria.
La operación, encabezada por el ministro Luis Caputo —quien retomó el timón de Finanzas tras la salida de Pablo Quirno hacia Cancillería—, recibió ofertas por $7,843 billones. Aunque la demanda superó lo adjudicado, el Tesoro optó por no convalidar tasas más altas exigidas por los operadores financieros.
Desde la consultora Puente lo resumieron sin rodeos: “El Gobierno emitirá $5 billones para cubrir el faltante. Esto refleja la muy baja liquidez en el sistema financiero”. Aun así, destacaron que las tasas de colocación fueron más bajas que en licitaciones anteriores, señal de cierta distensión en el frente financiero.
Pero el trasfondo es más complejo. El bajo nivel de renovación expone una tensión estructural: el mercado aún duda de la sostenibilidad fiscal, pese al capital político renovado. La licitación mostró que el voto no alcanza para disipar la incertidumbre sobre el programa económico.
En términos prácticos, la emisión de $5 billones podría presionar sobre los precios si no es absorbida rápidamente. El Gobierno deberá decidir si esteriliza esa liquidez —como hizo en ocasiones anteriores— o si la deja circular, con los riesgos que eso implica en un contexto de inflación persistente.
Pero también hubo operadores financieros que celebraron la actitud del Gobierno al aflojar un apretón monetario que se traducía en una sequía de circulante que afectaba en otros aspectos la actividad económica.
La licitación de ayer no fue solo una operación financiera: fue una señal. Y el mensaje del mercado fue claro: el respaldo político no reemplaza la confianza económica. El desafío, ahora, es convertir votos en credibilidad.
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