“Salarios dinámicos”, clave en la reforma laboral del Gobierno

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió ayer la eliminación de la intermediación en los planes sociales, aseguró que la reforma laboral que impulsa el Gobierno busca “generar trabajo formal” y justificó la decisión no homologar los convenios que superen el 1 por ciento mensual.

Cordero expuso ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre la política de su área en el marco de la discusión de la ley de gastos y recursos proyectada para 2026.

A lo largo de la reunión, el funcionario respondió a los diputados opositores que cuestionaron la baja de trabajadores registrados y la decisión del Gobierno de no homologar los convenios que superen la pauta inflacionaria.

Ante una crítica del diputado y sindicalista Sergio Palazzo sobre la decisión de no homologar los convenios de trabajo que superen el 1 por ciento mensual, Cordero sostuvo que buscan “un equilibrio entre los sindicatos y los empresarios” y “que no haya traslado a precios para proteger a la sociedad”.

También, ante una consulta de los diputados de UxP Sergio Palazzo y Vanesa Siley, defendió la decisión del Gobierno de impulsar una reforma laboral al expresar que “apunta a la generación del trabajo y a que el trabajo sea formal”.

Entre los cambios que el Gobierno pretende incluir en la reforma laboral se incluyen los “salarios dinámicos”, una iniciativa apoyada por el sector patronal y que promete fuertes discusiones con los sindicatos.

La figura buscaría que el valor fijado en los convenios sirva como punto de referencia general, aunque habilita a regiones o empresas a negociar condiciones diferentes, siempre en línea con las posibilidades del entorno.

La implementación de los salarios dinámicos abriría la puerta a negociaciones descentralizadas, donde empresas y representantes laborales tendrían margen para acordar mejoras, modificar sumas fijas o establecer mecanismos de ajuste propios.

Según algunos borradores de la iniciativa, los valores fijados en los convenios dejarían de ser “pisos” y pasarían a funcionar como “techos” de referencia. 

Los sindicatos rechazan esta propuesta porque perderían la posibilidad de usar esos montos como el mínimo asegurado para todos los trabajadores encuadrados.

Si prospera la reforma, cada empresa podría pactar sumas diferentes, siempre que no superen lo fijado colectivamente.