Cinco meses le costó a la oposición en Diputados poner en funcionamiento la comisión investigadora de la causa $LIBRA, por una posibilidad del reglamento que aprovechó el oficialismo.
Finalmente, en las últimas semanas se destrabó su titularidad y se aprobó un listado de unas 20 citaciones, que -por la propia maniobra de dilación que intentó el bloque libertario y sus aliados- podrían testimoniar en pleno escenario electoral y ante la parálisis de la investigación de la Justicia argentina.
La particularidad es que, si un funcionario público elude la convocatoria, la comisión aprobó la atribución de solicitar a un juez “el auxilio de la fuerza pública para garantizar su comparecencia personal”. “Que los funcionarios del Gobierno se nieguen a concurrir al Congreso para brindar explicaciones políticas es inaceptable”, explicó Maximiliano Ferraro, electo presidente del cuerpo.
Otra de las potestades es enviar requerimientos por escrito, estableciendo un plazo de cinco días hábiles como límite para las respuestas. Quien recibió el primero fue el propio presidente, Javier Milei.
Las preguntas que recibió el mandatario apuntan a conocer su vínculo con los principales señalados por la investigación nacional e internacional: Hayden Davis, Julián Peh, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Se indaga sobre sus reuniones en el Tech Forum y en Casa Rosada, por qué no los denunció luego del 14 de febrero (ya concretada la estafa) e incluso si suscribió alguna “carta de intención” con las plataformas que gestionan.
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