El Gobierno nacional inició el proceso para comenzar con la privatización de AySA, a través de la venta del 90% del capital accionario en manos del Estado, según anunció este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni,
“El Gobierno inició el proceso para comenzar con la privatización de AySA. Se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa”, comunicó el portavoz durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
Adorni explicó que la privatización se hará a través de un esquema mixto, “que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores”.
El 10% restante está en poder de los empleados de la empresa, quienes se quedarán con esas acciones. Este mecanismo responde al Programa de Propiedad Participada.
Adorni precisó que “desde su estatización en 2006, AySA requirió aportes de los argentinos por US$ 13.400 millones”.
El vocero afirmó que “indicadores claves muestran que hubo un fuerte deterioro en la infraestructura de la empresa”, y subrayó los costos operativos.
En ese sentido indicó que “la dotación creció un 90% durante la gestión estatal y el nivel de morosidad por parte de los usuarios alcanzó el 16% cuando supo ser del 4% promedio”.
Según información oficial, el proceso de privatización será regulado por la Comisión Nacional de Valores y permitirá modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio.
Adorni dijo que en la última gestión de gobierno “se gastaron en AySA más de US$ 4.800 millones”.
“Con todo este presupuesto, la empresa funcionó como una plataforma de campaña. Hubo 200 millones de dólares destinados a obras y el 25% de esas obras se asignaron a Tigre y a Malvinas Argentinas, los dos municipios de donde provenía su cúpula directiva”, remarcó Adorni.
El antecedente
Pero lo que Adorni omitió decir fue cuáles fueron los resultados de la anterior privatización, en la primera presidencia de Carlos Menem.
Al cabo de 12 años de privatización, los números fueron inapelables: el 53 por ciento de los casi nueve millones –en esa época- de pobladores de los 24 municipios del conurbano de Buenos Aires no tenían alcantarillado, mientras que el 29 por ciento carecía de agua potable. A su vez, un estudio de la Universidad Nacional de La Plata y otro del Instituto Tecnológico de Buenos Aires habían probado que de 17 de 24 distritos que atendía Suez estaban en una situación de “muy alto riesgo” sanitario y social por la falta de provisión de agua potable.
Es que el agua que Suez “trataba” tenía de entre 90 y 230 10 μg/L (miligramos de arsénico por litro). La Organización Mundial de la Salud definió un valor límite máximo para el arsénico en aguas de 10 μg/L.
El consumo prolongado de agua con niveles elevados de arsénico está relacionado con el desarrollo de graves enfermedades, como el cáncer de piel, vejiga y pulmón, malformaciones congénitas, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y daños renales.
La reestatización -más allá de la decadencia en años recientes de AySA- logró llevar agua potable a 2,3 millones de personas y cloacas a 1,87 millones de personas que antes no tenían acceso. Y se redujeron las interrupciones del servicio en un 57% en cantidad y un 72% en duración.
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