El expresidente Alberto Fernández se presentó en los tribunales federales de Retiro para ampliar su declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos estatales durante su gobierno. En una audiencia que se extendió por casi dos horas, negó cualquier tipo de delito, reivindicó su rol como jefe de Estado y sostuvo que las decisiones adoptadas se enmarcaron dentro de una política pública legal y transparente.
Según informaron fuentes judiciales, Fernández respondió preguntas del juez Sebastián Casanello, del fiscal y de su propia defensa. Es la primera vez que declara ante el actual magistrado del caso, ya que en noviembre pasado había sido indagado por el juez anterior, Julián Ercolini, ante quien optó por no responder.
Uno de los ejes de la declaración fue la defensa del decreto que permitió la intervención de brokers en la contratación de pólizas. Fernández explicó que la medida buscó ordenar el sistema de seguros en la administración pública y negó haber beneficiado a personas específicas, como el broker Héctor Martínez Sosa, también imputado en la causa y vinculado a su entorno personal.
“Lo que hicimos fue establecer criterios claros para una práctica que ya existía. No se trató de una decisión arbitraria ni de una maniobra ilegal, sino de una acción de gobierno con sustento normativo”, fue uno de los planteos centrales del expresidente.
Pedido de testigos clave
Durante su exposición, Fernández solicitó nuevas medidas de prueba y pidió que sean citados como testigos varios exfuncionarios de su gobierno: la exsecretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra, el exministro de Economía Martín Guzmán, el extitular del Banco Central Miguel Pesce y el excanciller Santiago Cafiero.
Para la defensa del exmandatario, sus testimonios pueden acreditar el marco institucional en el que se tomaron las decisiones vinculadas a las contrataciones de seguros, así como el carácter legal de las resoluciones adoptadas.
Un sistema bajo sospecha
La causa judicial apunta a determinar si durante la gestión de Fernández se montó un esquema por el cual distintas dependencias del Estado contrataron seguros a través de intermediarios, generando sobrecostos millonarios. Entre los investigados se encuentran funcionarios, brokers y empresarios vinculados al rubro.
Fernández se despegó de cualquier participación directa en esos contratos y aseguró que su rol fue el de establecer una política general. “No firmé ninguna contratación puntual, no tuve injerencia en los procesos licitatorios ni en la elección de los intermediarios”, afirmó.
Además del expresidente, la causa involucra a otros 37 imputados, cuya situación procesal aún no fue resuelta. En este contexto, la Cámara Federal porteña decidió anular la inhibición general de bienes que regía sobre todos ellos, al entender que ya pasaron más de cinco meses desde las últimas indagatorias sin que el juez Casanello haya resuelto los procesamientos.
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