El Gobierno se prepara para eliminar por decreto la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Frente a ello
Las funciones de los organismos eliminados serán absorbidas por nuevas estructuras o por entidades ya existentes, como la Secretaría de Transporte, la futura Agencia de Control de Concesiones de Transporte y fuerzas de seguridad como la Gendarmería Nacional, según trascendió en un artículo del diario La Nación.
La aclaración más importante, es que, por ejemplo, el control de tránsito nacional pasaría a manos de Gendarmería, que no tiene las herramientas ni los conocimientos para llevar adelante las tareas que hoy realiza Vialidad.
Ante ello, la ONG Conduciendo a Conciencia, compuesta por organizaciones, empresas y familiares víctimas de siniestros viales, emitió un duro comunicado dirigido al presidente Javier Milei, al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al de Economía Luis Caputo y al secretario de Transporte, Luis Pierrini, en el que manifiestan su “profunda preocupación ante la posibilidad de cierre o fusión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)”.
“La seguridad vial no puede verse afectada por decisiones que impliquen el debilitamiento de las políticas públicas que han demostrado salvar vidas”, plantearon y recordaron que fue el propio Milei el que, cuando asumió reconoció que en el país “mueren cerca de 15 mil argentinos por año en accidentes de tránsito”.
Desde el Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) vienen desde hace meses denunciando la situación extrema a la que el Gobierno nacional está llevando al organismo.
Uno de los últimos aspectos señalados por el sindicato tiene que ver con los cambios en el financiamiento a las provincias que firmaron reciente los gobernadores con el Gobierno nacional para transferir directamente a los territorios provinciales los fondos derivados del impuesto a los combustibles, del que dispondrán con libre administración, atentando aún más al financiamiento del organismo vial.
La titular del gremio, Graciela Aleñá, denunció al respecto: “Es una locura, están poniendo en riesgo la coherencia territorial del Sistema Vial Federal argentino”.
El Sindicato de Vialidad reclamó que se reconsidere la propuesta, advirtiendo sobre los peligros que implica la iniciativa, que podría “desmantelar todo el sistema vial” produciendo “la fragmentación de una política pública esencialmente federal”.
En este sentido, cuestionaron técnicamente la iniciativa, explicando: “Tal como establece la Ley N° 505/58, Vialidad Nacional es el organismo rector de la actividad vial en todo el territorio de la República Argentina, función que ejerce en coordinación con el Consejo Vial Federal, integrando capacidades técnicas, estratégicas y operativas con el fin de desarrollar una red vial federal que garantice la conectividad, la seguridad y el desarrollo armónico del país”.
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