Aunque desde el entorno de Javier Milei afirman que su designación “es constitucional” y debe mantenerse en su cargo, el nombramiento por decreto de Manuel García Mansilla en la Corte Suprema fue puesto en duda por el abrumador rechazo que su pliego recibió en la Cámara de Senadores. Recibió 51 votos en contra y solo 20 a favor.
“No pierde ninguna legitimidad. Su nombramiento es constitucional y eso es lo que importa”, enfatizaron funcionarios que rodean a Milei, que recuerdan que por ese decreto García Mansilla tiene funciones en la Corte hasta el 30 de noviembre.
Pero pese a la opinión del Gobierno, García Mansilla les solicitará a sus pares del alto tribunal si debe continuar o si debe dar un paso al costado. Sus colaboradores anticiparon que hará “una presentación formal” para conocer “su status” institucional.
Mientras tanto, un grupo de profesores de derecho que incluye a especialistas de diversos perfiles ideológicos y políticos reclamó ayer que Manuel García-Mansilla, que fue nombrado por Javier Milei en la Corte Suprema “en comisión”, deje el máximo tribunal, después de que el Senado rechazó su pliego para el cargo.
“En nuestro carácter de profesores/ as, docentes e integrantes del ámbito académico jurídico de todo el país, solicitamos el cese inmediato del Dr. Manuel García Mansilla en las funciones que desempeña en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijeron los firmantes, que advirtieron: “No estamos dispuestos a aceptar que la enseñanza del derecho se convierta en nuestro país en un relato de ficción”.
La lista de quienes suscriben la solicitada incluye a hombres y mujeres que dan clases en universidades públicas o privadas; a abogados que ejercen la profesión, pero también a jueces y a fiscales. Muchos de ellos tienen o tuvieron un rol relevante en la vida pública, más allá de las aulas.
Están Manuel Garrido, que como fiscal de Investigaciones Administrativas impulsó numerosas causas contra funcionarios públicos del kirchnerismo; el juez federal Daniel Rafecas y el camarista de Casación Alejandro Slokar; los constitucionalistas Daniel Sabsay, Roberto Gargarella, Andrés Gil Domínguez, Raúl Gustavo Ferreyra y Gustavo Arballo; Roberto Saba, exdirector de Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles; el fiscal Víctor Abramovich, exdirector ejecutivo del CELS y exmiembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la experta en derecho civil Marisa Herrera entre otros.
La posición del colegio público de abogados de capital federal
En tanto el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, presidido por Ricardo Gil Lavedra, reclamó ayer que se acate lo resuelto ayer por el Senado, que rechazó los pliegos de los dos candidatos a la Corte Suprema nombrados por Javier Milei: Manuel García- Mansilla y Ariel Lijo.
“El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal considera que la resolución del Senado de la Nación de rechazar los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, con mayorías cercanas a los dos tercios, para ocupar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha concluido el debate sobre estas nominaciones y debe ser acatada. Resulta relevante, además, el pronunciamiento adverso a la utilización de la facultad presidencial de designar jueces en comisión, censurada también por este Colegio, por poner en riesgo la independencia judicial”, expresaron los abogados porteños en el comunicado.
“La decisión del Senado pone de relieve el desafío institucional inédito ante el cual se enfrenta el país. La permanencia de jueces designados en comisión -no ya sin el acuerdo del Senado, sino frontalmente contra su voluntad- nos coloca frente a una situación sin precedentes que daña el prestigio del propio tribunal y a la justicia toda. Esta crisis de legitimidad afecta de modo particular al ejercicio de la abogacía”, afirmaron los abogados.
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