Tensas y decisivas horas se viven en el Senado de la Nación, después de que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia rechazara la licencia extraordinaria solicitada por el juez federal Ariel Lijo para asumir en el máximo tribunal. Tras ello, la oposición en la Cámara Alta pisó el acelerador y busca asestarle un nuevo golpe a Javier Milei con una jugada de la que participan representantes de la UCR y del kirchnerismo. El objetivo es convocar a una sesión especial para frenar con su voto los nombramientos por decreto, y en comisión por un año, de Lijo y Manuel García Mansilla.
En rigor, se presentaron por separado dos dictámenes de rechazo para voltear los pliegos. Uno de ellos es del kirchnerismo, que logró juntar seis firmas; mientras que los senadores porteños Martín Lousteau, de la UCR, y Guadalupe Tagliaferri, del PRO, motorizaron otro llegando entre sí a ocho firmas. Buscaron así no quedar pegados a la estrategia K.
El dilema es que se necesitan nueve firmas sí o sí. Por lo que ahora la pelota está del lado del radicalismo, cuyos senadores tuvieron un papel determinante a la hora de rechazar el armado de una comisión investigadora del caso $Libra.
La nueva movida se habría gestado a partir de negociaciones entre Lousteau y José Mayans, líder del bloque kirchnerista que estuvo activo estos días para intentar llegar cuanto antes al hemiciclo senatorial para darle la estocada final no solo al despacho de García Mansilla, sino también el de Ariel Lijo.
Por su parte, Tagliaferri también mostró en reiteradas oportunidades su independencia de la cúpula partidaria del PRO, que intenta liderar Mauricio Macri. De hecho, su terminal es el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Ambos, junto con Pablo Blanco, fueron un oasis entre el desierto representado por los “dialoguistas” cercanos al oficialismo.
Los apuntados para sumar la firma que le falta al texto de rechazo de Tagliaferri y Lousteau son tres radicales: Carolina Losada, Maximiliano Abad y Mariana Juri.
Abad teje en la provincia de Buenos Aires entre la tropa propia y el PRO e intenta levantar la menor polvareda posible en tiempos complejos para los dirigentes tradicionales.
Juri responde directamente al gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, que desde hace meses tiene una vara diferente con Milei en comparación con la que tuvo con el expresidente Macri en el período 2015-2019.
De ese tridente radical, solo la senadora Losada accedió a responder que “por ahora” no piensa firmar el dictamen para voltear los pliegos y que espera alguna resolución dentro del bloque. En tanto que no está claro cuál será la posición de Abad y Juri.
Los dos o ninguno
La clave de este embrollo pasa porque quienes apuntalan el pliego de García Mansilla aspiran también a voltear el de Lijo, que ya está habilitado desde mediados de febrero. La misma lógica que sostenía la Casa Rosada: los dos o ninguno. Sin excepciones. Eso complejiza la maniobra.
De avanzar las iniciativas del kirchnerismo, y Lousteau y Tagliferri, la pelota quedará en manos de la vicepresidenta Victoria Villarruel. El siguiente paso de estos, si consiguen la firma que resta, será pedir una sesión especial.
En ese caso, la llave del recinto está en sus manos. De todos modos, Villarruel estaba a la espera de instrucciones de la Casa de Gobierno.
En el eventual caso de que llegaran al recinto los pliegos de García Mansilla y Lijo, también se abre una gran serie de interrogantes sobre el futuro de am bos.
Pocos admiten que, en realidad, existe cierto grado de temor con Lijo. Son dos las razones: si no llega a la Corte, continuará en su juzgado; y si llega, y alguno de estos no apoyó su pliego, dejarían su huella ante un ministro del máximo tribunal. El rechazo a los nombramientos por decreto de Milei fue tan mal recibido que hasta integrantes del bloque Las Provincias Unidas se manifestaron en contra de la movida del Gobierno, que fue calificada por expertos como un juego al límite de la democracia.
Dudas y tecnicismos
Ahora bien, si el Senado avanza en el rechazo de ambos pliegos, ya las dudas pasarán al plano más técnico sobre la validez de los nombramientos en comisión.
El Gobierno sostiene que ambos jueces están en condiciones de permanecer en el tribunal (García-Mansilla ya juró) hasta noviembre de este año. De esa manera, solo podrían ser removidos por juicio político.
En el Senado toman el argumento del Ejecutivo y sostienen que los nombramientos en comisión tienen lugar hasta que la Comisión de Acuerdos se expida. Es decir, si los pliegos llegan al recinto y se rechazan, quedarían invalidados.
Hasta el propio libertario y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, lo admitió en una entrevista radial: “Si los rechazan, estos caballeros se van a su casa y habrá que nombrar nuevos pliegos”, dijo.
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