Falleció el empresario Enrique Eskenazi

Se conoció ayer la muerte del ingeniero y empresario Enrique Eskenazi, exaccionista de YPF y fundador del Grupo Petersen, conglomerado que reúne a bancos, compañías de ingeniería y construcción  y empresas dedicadas a la agroindustria. Tenía 99 años.

“Con mucho pesar informamos que falleció en su hogar a los 99 años el ingeniero Enrique Eskenazi. Sus hijos Esteban, Ezequiel, Sebastián, Matías y Valeria, sus 14 nietos y sus 9 bisnietos lo despidieron en una ceremonia íntima, cumpliendo con un pedido expreso de quien fuera su padre, abuelo y bisabuelo.

Sus restos descansarán ahora junto a los de su esposa y madre de sus hijos, Hazel Sylvia Toni Storey de Eskenazi”, lamentó el comunicado difundido por el grupo empresario.

El hombre que llegó a amasar una de las mayores fortunas de la Argentina había nacido el 4 de agosto de 1925 en la ciudad de Santa Fe.

Se graduó en la Universidad Nacional del Litoral y se especializó en ingeniería de alimentos en el Research Department of Continental Can Corp. y en el Illinois Institute of Technology, ambos en Estados Unidos.

Comenzó su carrera en el Grupo Bunge y Born. Luego, en la década del ‘80, puso en marcha la constructora Petersen, Thiele & Cruz SA. A partir de la década del ‘90 incursionó en otros sectores estratégicos, como el de la agroindustria, la energía y el financiero, lo que derivó en la conformación del actual Grupo Petersen que por esos años participó del proceso de privatización de varios bancos provinciales como el de Santa Cruz. Allí conoció a Néstor Kirchner.

El derrotero de Eskenazi como empresario tuvo un salto en 2008 cuando llegó a convertirse en accionista de YPF al comprarle a la española Repsol una parte de la petrolera estatal que había sido privatizada durante el menemismo. Pero en 2012, cuando Cristina Kirchner avanzó con la estatización total de YPF, Petersen Energía pidió la quiebra en España. Allí apareció el fondo Burford Capital, que compró los derechos para litigar de los Eskenazi, le hizo juicio al Estado argentino por la estatización y en 2023 consiguió una sentencia favorable que obliga al país a pagarle US$ 16.100 millones.