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La agenda judicial complicada de dos expresidentes en 2025
JUSTICIA Y POLÍTICA

La agenda judicial complicada de dos expresidentes en 2025

Alberto Fernández enfrenta la causa de los seguros y por violencia de género; Cristina, Hotesur y el Memorándum con Irán.

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La agenda judicial del fuero federal 2025 abrirá en febrero próximo con la atención puesta en la situación de dos expresidentes y excompañeros de fórmula, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, quienes enfrentarán definiciones en distintas causas penales que los tienen en foco.

El 2024 fue un año judicial complicado para Alberto F., que fue imputado en dos causas penales y tuvo que responder en Comodoro Py por supuestos delitos en la contratación de pólizas de seguro para organismos públicos.

El 27 de noviembre marcó su primera visita a tribunales como acusado desde que dejó la presidencia, y allí negó las acusaciones por la contratación de seguros a través de brokers “amigos” que habrían recibido millonarias comisiones. En esta investigación con 39 acusados, la resolución de situaciones procesales se conocerá en febrero porque resta indagar a un imputado que vive en España y el trámite por videoconferencia se programó para inicios de ese mes.

El juez federal Julián Ercolini y el fiscal del caso Carlos Rívolo los imputan por fraude y direccionamiento en la contratación de seguros para organismos públicos. Finalizado el año, el expresidente Fernández logró postergar, con una batería de recursos, una segunda visita a Comodoro Py esta vez como indagado en la causa por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yáñez.

Sin embargo, el inicio de 2025 lo encontrará en tribunales. El 4 de febrero a las 11, a un día del reinicio de la actividad judicial luego de la feria de enero, el expresidente deberá presentarse ante Ercolini en esa causa en la que la fiscalía a cargo de Ramiro González lo acusa de delitos que prevén penas de prisión efectiva.

Llegará imputado por “lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la exprimera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones”.

Se trata de delitos que, en conjunto, prevén un máximo de 18 años de prisión en caso de una eventual condena.

Al citarlo a indagatoria, el juez le atribuyó los hechos cometidos en un “contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yáñez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto de 2024”.

 

Las acusaciones a Cristina

En el caso de la expresidenta Cristina Kirchner, 2024 fue un año de malas noticias en el frente judicial: se confirmó su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta de obra pública nacional entre 2003 y 2015, en Santa Cruz.

En el reinicio de la actividad judicial en febrero el eje estará puesto en los recursos extraordinarios que tienen que presentar todas las partes ante la sala IV de la Cámara Federal de Casación para intentar llegar a la Corte en apelación en esta causa conocida como “Vialidad”.

El máximo tribunal penal federal del país otorgó plazo con una prórroga hasta mediados de febrero y, una vez que se presenten los recursos, tendrá que decidir si los admite y envía el caso a la Corte o los rechaza y a los condenados, entre ellos la ex vicepresidenta, sólo les quedará ir en queja directa a esta instancia.

Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes durante diciembre último dos decisiones de la sala I de la Cámara de Casación Penal que reabrieron las causas “Hotesur-Los Sauces” y firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA. En ambos expedientes está Cristina Kirchner entre los acusados.

Con los hoteles investigan un supuesto lavado de dinero a través del alquiler de hotelería y propiedades de los Kirchner a beneficiarios de obra pública entre 2003 y 2015 y está a cargo del Tribunal Oral Federal 5.

En el caso Memorándum con Irán, Casación separó a los jueces que habían sobreseído a los acusados y designó nuevos magistrados para juzgar a Cristina Kirchner y otros procesados por supuesto “encubrimiento agravado” del atentado a la AMIA.

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