La Cámara Federal de Mendoza hizo lugar a un habeas corpus presentado por Gendarmería Nacional y exhortó al gobierno de Venezuela a que informe de “modo inmediato” el paradero del miembro de esa fuerza detenido cuando intentaba ingresar a ese país, Nahuel Agustín Gallo, los motivos por los cuales está preso y a disposición de qué autoridad se encuentra.
Los jueces del Tribunal Manuel Pizarro, Gustavo Castineira de Dios y Juan Pérez Curci ordenaron además a la Fiscalía de Distrito de Mendoza que investigue si se cometió “la posible comisión del delito de desaparición forzada de personas en perjuicio” de Gallo, según la resolución.
El Tribunal revocó un fallo de primera instancia que no había hecho lugar al habeas corpus y dispuso que se envíe copia de la resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino para que a través de la vía diplomática pertinente notifique al gobierno de Venezuela. También se resolvió “tener presente y ratificar las presentaciones efectuadas ante los organismos internacionales que fueran efectuadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto de la República Argentina”.
Los jueces exhortaron a Venezuela a que informe “de modo inmediato el paradero del Sr. Nahuel Agustín Gallo” y además “ los motivos de su detención y a disposición de qué autoridad judicial competente se encuentra”.
En ese sentido, reclamaron que las autoridades judiciales de Venezuela presenten “física o telemáticamente al Sr. Nahuel Agustín Gallo ante las autoridad que designe a través de la vía diplomática el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina con el fin de ser asesorado por las mismas (art. 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares), facilitando asimismo el contacto con sus familiares”.
Privado de la libertad
“Nos encontramos ante una situación en la que se ha privado de la libertad a un ciudadano argentino desconociendo por el momento los motivos de la misma y cuál ha sido la autoridad competente que la ha ordenado, contraviniendo palmariamente de ese modo lo reglado por el art. 3 inc. 1° de la Ley 23.098, situación que habilita la aplicación de este instituto de excepción”, explicaron los jueces.
Ante lo ocurrido, el Poder Judicial “debe dar una respuesta urgente y expedita ante la situación de incertidumbre en la que se encuentra el Sr. Nahuel Agustín Gallo y sus familiares”.
“Entendemos que corresponde hacer lugar a la acción habeas corpus presentada por los representantes de la Gendarmería Nacional y proveer los medios conducentes a fin de dar con el paradero y conocer cuál es la situación procesal en la que se encuentra el mismo”, concluyeron.
El principio de “jurisdicción universal” -que habla el fallopermite a los países procesar crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los perpetradores o sus víctimas.
Según la cancillería argentina, Nahuel Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), de 33 años, fue detenido el 8 de diciembre en Venezuela tras ingresar desde Colombia para visitar a su pareja y al hijo de ambos, que cumple dos años en enero.
El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo en cambio que Gallo fue a “cumplir una misión” y el ministro de Exterior, Yvan Gil, aseguró que el gendarme “se quiso infiltrar” en el país y que “está siendo procesado con pleno respeto al estado de Derecho”.
La detención del gendarme tensó aún más las relaciones entre Argentina y Venezuela. Caracas rompió relaciones con la Argentina de Javier Milei luego de que este no reconociera la proclamada reelección del presidente Nicolás Maduro el 28 de julio.
Desde entonces la embajada argentina en Caracas es custodiada por Brasil. En esa sede diplomática se refugiaron en marzo seis colaboradores de la líder opositora venezolana María Corina Machado, acusados de “terrorismo”.
Actualmente cinco de ellos permanecen en la misión.
Según divulgó la ONG venezolana Foro Penal ayer en la red X, 19 personas de nacionalidad extranjera y 31 con doble nacionalidad son considerados “presos políticos” en Venezuela.
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