La UCR realizó ayer sábado en Santa Fe una Asamblea Nacional para analizar la situación del país y la proyección del partido, en un encuentro que estuvo encabezado por el gobernador anfitrión, Maximiliano Pullaro. La reunión se llevó a cabo en la Sala ATE Casa España, donde se debatió la situación política y económica nacional, a la vez que se expusieron "propuestas de alternativas viables para mejorar ambos contextos" y lograr una "coordinación estratégica" como oposición, y en ese marco hubo duras críticas al Gobierno nacional.
El encuentro tuvo como objetivo "ser una oportunidad fundamental para fortalecer los lazos partidarios y trabajar en una agenda estratégica que beneficie al partido y a la ciudadanía", indicó la UCR.
Como se sabe, el radicalismo atraviesa una situación de tensión debido a que parte de sus integrantes apoyan abiertamente la gestión del presidente Javier Milei, como es el ala de los diputados que siguen al jefe de bloque, Rodrigo De Loredo, mientras otro sector, enrolado con Martín Lousteau, mantiene su oposición.
Tras las deliberaciones, se emitió un crítico comunicado fijando la posición del radicalismo en aspectos de actualidad nacional. En ese sentido, el texto elaborado señala que “en nuestra condición de correligionarios autoconvocados en la Ciudad de Santa Fe, Cuna de la Constitución Nacional, con la finalidad de deliberar sobre la actual situación social, económica y política, manifestamos la reafirmación de los principios y valores históricos del radicalismo como forma de abordar los problemas del país, reivindicando la solidaridad como valor de convivencia social, la calidad institucional como presupuesto del desarrollo económico y la reivindicación del rol del Estado como garante de la distribución de la riqueza y la justicia social”.
Posteriormente, el pronunciamiento resaltó “el rechazo a la pretensión del Presidente, y los factores de poder económico que Io sostienen, de reemplazar el sistema parlamentario y las competencias y atribuciones del Congreso de la Nación por la arbitrariedad del decreto presidencial y del veto”.
En esa línea, dijeron que “la democracia, el estado de derecho y la defensa irrestricta de los derechos humanos constituyen el fundamento del contrato social y, como tal, son valores no negociables del radicalismo. Todo acuerdo político o electoral debe salvaguardar esos fundamentos”.
Más adelante, los radicales subrayaron el “repudio a la ofensiva del Gobierno nacional en contra de las conquistas obtenidas con años de lucha en materia de género y derechos sociales, muchos de ellos iniciativas del radicalismo”.
El texto añadió sobre “la necesidad que los dirigentes políticos actúen con vocación y transparencia y no por intereses personales o sectoriales” y ratificó “el apoyo a las expresiones surgidas en el bloque de Diputados de la UCR «Democracia para siempre», con claras posiciones opositoras, que vienen protagonizando en defensa de los intereses populares”.
A partir de estas posiciones, los radicales autoconvocados resolvieron “constituir una Junta Promotora con el objeto de impulsar un movimiento nacional expresando la voluntad de esta Asamblea de recuperar las banderas históricas de la UCR, reivindicando nuestro rol opositor porque expresamos las antípodas de lo que pretende representar el Gobierno nacional, que se ubica en una tendencia global de extrema derecha”.
En ese sentido, instaron “a las autoridades de nuestro partido a poner en funcionamiento los cuerpos orgánicos, con la finalidad de debatir la posición de la UCR ante la realidad política actual, y adoptar las acciones que tiendan a recuperar el protagonismo y asumir el rol opositor para ser alternativa de gobierno”.
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