El Gobierno insiste en la eliminación de las PASO
También giró una iniciativa para reformar la ley electoral que apunta al financiamiento de los partidos políticos
El Gobierno envió ayer a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que elimina las PASO y reforma el sistema de financiamiento de las campañas electorales, aunque deberá habilitar las sesiones extraordinarias para poder tratarlo.
También giró a Diputados un proyecto de reforma de la ley electoral donde establece que los partidos políticos deberán tener personería en 10 de los 24 distritos para tener reconocimiento jurídico.
Para tratar estos proyectos el Gobierno deberá incluirlos en la convocatoria a sesiones extraordinarias o, en su defecto, esperar hasta el 1 de marzo, ya que solo queda una semana para que concluya el período de sesiones ordinarias. Y en un año electoral como será 2025, difícil que avance una iniciativa de tal magnitud.
El miércoles concluyó el plazo para emitir los dictámenes que luego se tratan en el recinto de sesiones, por lo que para tratar la eliminación de las PASO deberá encarar negociaciones con todos los bloques políticos ya que se requieren 129 votos en diputados y 37 en el Senado para cambiar una ley electoral.
Por ese motivo deberá negociar con los distintos bloques parlamentarios. Pero los libertarios tienen 39 de los 257 legisladores de la Cámara baja y 6 de los 72 que integran el Senado.
El Gobierno argumentó la necesidad de eliminar el régimen de las PASO en la necesidad de que “la ciudadanía deje de financiar una elección nacional que no cumple con las finalidades para las que fue establecida y que los partidos políticos puedan dirimir sus internas sin interferencia del Estado nacional”.
No es la primera vez que se propone derogar o limitar las PASO: ya lo había propuesto el ex presidente Mauricio Macri y también, en el 2021, hubo una propuesta del entonces diputado Sergio Massa para suspender ese año las primarias o, por lo menos, que no fueran obligatorias.
Si se aprueba la ley los partidos políticos deberán definir en elecciones internas, -como era antes del 2011, cuando se aplicaron por primera vez las PASO- a sus candidatos para las elecciones de renovación parlamentaria y presidenciales.
Argumentó ahora el Gobierno que “solamente durante el año 2023, se destinaron aproximadamente 455 millones de pesos en concepto de aporte público anual, y otros 1.715 millones de pesos fueron asignados a los partidos en concepto de aporte extraordinario de campaña para las PASO”.
Y destacó que “en ese mismo año, los aportes estatales para la impresión de boletas electorales significaron asimismo un estimado de más de 8 mil millones de pesos sólo para las elecciones primarias, e importaron un costo aproximado de 2.583 millones de pesos en las elecciones generales”.
Señaló que “estas sumas exorbitantes fueron distribuidas en las elecciones primarias de 2023 entre 15 partidos políticos y alianzas electorales, de las cuales únicamente cinco obtuvieron mas del 1 por ciento de los votos”.
EL FINANCIAMIENTO
“Las cifras señaladas ponen de relieve la ineficiencia del sistema de financiamiento de los partidos políticos actual, y la manera en la cual el mismo se encuentra completamente tergiversado”, agregó.
Otro punto central de la propuesta del Poder Ejecutivo es que limita el aporte del Estado a las campañas de financiamiento, así como la obligación que los medios de comunicación difundan los spots de campaña electoral, además de fijar que deberán sostenerse con aportes aportes privados.
Así, se eliminan los aportes extraordinarios de campaña y también los aportes destinados para la impresión de boletas, y solo se mantiene un aporte público único para los partidos políticos que esté destinado a solventar el desarrollo de sus actividades de manera indistinta, el cual será distribuido por el Fondo Partidario Permanente.
El Gobierno explicó que en el proyecto los partidos políticos van a poder “ceder de manera más directa y sencilla al financiamiento privado, ya que se elevan significativamente las limitaciones de aportes privados destinados a la campaña electoral, y se dejan sin efecto una serie de restricciones que han sido probadas inadecuadas para encausar un régimen de financiamiento verdaderamente republicano.