Entre las 70 regulaciones que el Gobierno se propone eliminar a través de la mentada Ley Hojarasca que envió al Congreso, aparece la quita del aporte estatal a la Federación Argentina de Municipios (FAM), un bastión del peronismo bonaerense que preside el intendente de La Matanza.
En caso de que la iniciativa libertaria prospere, este organismo deberá financiarse con los aportes de sus afiliados o con los recursos aportados por el sector privado.
En su propuesta, el Gobierno incluyó un artículo para reformar el mecanismo de financiamiento de la FAM y evitar que se sustente a través de las arcas del Estado Nacional.
En cambio, el proyecto fija que el patrimonio de la Federación se compondrá de las cuotas de sus afiliados, de los créditos, donaciones, y subvenciones privadas. También podrá recibir fondos de organizaciones y entidades privadas del país y del exterior.
De esta manera, se pretende avanzar con una ley aprobada durante el menemismo y que establecía que la FAM podía acceder a recursos mediante la firma de convenios con organismos estatales.
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