El Gobierno envió hoy a la Cámara de Diputados el proyecto de ley Hojarasca, que busca eliminar leyes "obsoletas" o que "limitan las libertades de los ciudadanos", y que habían sido fueron aprobadas en los gobiernos militares y en gestiones constitucionales durante el siglo XX.
La iniciativa, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca eliminar unas 70 leyes y reformar otras que generarán polémica, como la eliminación del financiamiento de la Federación Argentina de Municipios (FAM).
Esa federación, que es un bastión del peronismo bonaerense y ahora preside el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, deberá financiarse, si se aprueba la ley, con los aportes de sus afiliados o recursos aportados por el sector privado.
El Gobierno incluyó un artículo para reformar el mecanismo de financiamiento en el proyecto de ley Hojarasca para que los recursos no "provengan de las arcas del Estado Nacional".
En ese sentido estableció que la FAM "no podrá recibir recursos del Estado nacional ni de ningún organismo descentralizado o sociedad donde el mismo tenga participación mayoritaria o minoritaria, cualquiera sea su naturaleza jurídica".
Otra de las leyes que reforma es la constitución del patrimonio del Círculo de Legisladores, ya que la quita la partida incluida dentro del Presupuesto Nacional y establece que se deberán financiar con las cuotas de sus afiliados.
No más Presdente Padrino
Otra ley que reforma es la de padrinazgo al séptimo hijo, al eliminar la obligación de otorgar los recursos para la educación primaria, secundaria y universitaria.
En los fundamentos señala que "la ley promueve la seguridad jurídica y remueve los obstáculos para el desarrollo personal y el conjunto del país".
Se destaca que se buscan eliminar aquellas normas que "generaron gastos innecesarios para los contribuyentes a través de la creación de organismos como la FAM, entre otros".
En los argumentos, el Gobierno señaló que se busca "eliminar legislación obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores o claramente violatoria de los principios constitucionales”.
"Como dice el viejo adagio: cuantas más leyes menos justicia, proverbio que pesa mucho más cuando las leyes no cumplen objetivos útiles para la sociedad", se agrega.
También resaltó que la Constitución Nacional "establece una serie de derechos fundamentales que son inherentes a las persona. Es decir que no es necesario emitir una norma que reconozca un derecho que ya es propio de todos los habitantes de la Nación".
"En consecuencia, esta sobrerregulación ha llevado a una situación en la que pareciera que ninguna actividad es posible sin un aval previo del Estado. Se instala una lógica en la que se presume que todo está prohibido, salvo lo que está expresamente permitido", añadió.
Entre las normas que se deroga se menciona una ley del Gobierno de Juan Perón que "impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país".
También informó que se busca eliminar la ley 18.312 del gobierno militar de Juan Carlos Onganía en la que "el Estado intentaba limitar la libertad de expresión al controlar la disponibilidad de papel de diario".
El oficialismo incluyó también la ley 19.787 del gobierno militar de Alejandro Lanusse que obligaba "a la difusión de ciertos tipos de música que el Estado consideraba se debía escuchar, lo cual es un ataque directo a la libertad de expresión".
Otra norma que se busca eliminar es la ley 20.120, de la gestión de Lanusse, que "obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal".
Otra de las leyes que se derogan es la ley 20.959 del gobierno de Isabel Perón y por la cual se otorgaba a los legisladores libre circulación y libre estacionamiento que, para Sturzenegger, "hay pocos ejemplos de privilegios tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática".
También se intenta eliminar la ley 20.983, de 1975, que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.
Planificación productiva, ¡afuera!
La ley 22.875, aprobada en el último tramo de la dictadura militar, y que ahora se busca eliminar, permite al Estado exigir la relocalización de actividades productivas y es considerada una "injerencia excesiva en el ejercicio de la propiedad privada", por lo que se propone su derogación.
Otra norma que se busca derogar es la 22.964, de 1983, que permite la internación forzosa de enfermos de lepra, ya que a su criterio es una norma de "corte netamente medieval, no solo estigmatiza a quienes padecen una enfermedad sino que viola en forma flagrante los derechos reconocidos por la Constitución".
Ho temprano, el ministro Sturzenegger publicó por su cuenta de “X” una serie de seis extensísimos tuits donde desglosa y hace una sintética descripción de las leyes que serían derogadas
“Hojarasca 1/6: leyes que limitan la libertad individual y que restringen el derecho de propiedad que proponemos derogar”, comienza esta publicación Sturzenegger que eligió el nombre de este nuevo paquete un término con connotaciones peyorativas porque la hojarasca se refiere a las hojas secas que caen de los árboles y se acumulan en el suelo y entonces es una metáfora para referirse a algo superficial o sin importancia.
Hay otra connotación: "La hojarasca" es una novela corta escrita por Gabriel García Márquez y publicada en 1955. Es conocida por ser la primera obra en la que aparece el mítico pueblo de Macondo, que luego se convertiría en el escenario principal de su famosa novela "Cien años de soledad".
Algunas otras leyes
- Ley N° 20.120 (1973). También de Lanusse, obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal.
- Ley N° 20.802 (1974). Con la excusa de otorgar beneficios inexistentes esta ley posibilitaba a las fuerzas policiales detener para “averiguación de antecedentes” a quienes no hubieran tramitado un supuesto carné de mochilero, afectando la libertad de circulación.
- Ley N° 16.789 (1965). El compre Nacional ya fue derogado por el DNU 70/23, por lo que esta ley ya está derogada de facto.
- Ley N° 448 (1870). En el mundo de las energías renovables seguimos premiando a quien descubra una mina de carbón.
- Ley N° 18.569 (1970), Ley N° 20.114 (1973) y Ley N° 23.756 (1989). Implanta el uso del procedimiento de microfilmación para todo tipo de documentación en Ejército, la Armada y el Ejecutivo. “Obsoleto”, sintetiza el ministro.
- Ley N° 23.888 (1990). Encomienda a realizar un Censo Técnico Permanente de Infraestructura que nunca se realizó.
- Ley N° 14.800 (1959). Obliga a quien demuela un teatro a construir en el mismo predio otro con características similares. Parece razonable para proteger la actividad, ¿no? Pero el problema es que reduce los incentivos para instalar nuevos teatros. Al pulverizar el valor de una propiedad dedicada a una sala teatral hace mucho menos atractivo construir teatros nuevos. En el largo plazo se castiga aquello que se buscaba proteger.
- Ley N° 17.752 (1968). Promueve la construcción de hoteles para turismo internacional. Es una ley que desde 1978 no tiene aplicación.
- Ley N° 19.363 (1971). Establece un sorteo del INCAA entre asistentes al cine del que participa solo el 0,1 % de los espectadores. Los costos de organizar el sorteo, por burocracia, trámites, registros y escribanos, son superiores al premio que se sortea.
- Ley N° 20.308 (1973). Crea el Fondo Naval Fomento Actividades Náuticas con fondos de la propia Armada Argentina. Se desconoce su relevancia ya que es un fondo de la armada para la armada.
- Ley N° 20.876 (1974). Declara de interés nacional a la apicultura. Es meramente declarativa y por ende carente de sentido práctico.
- Ley N° 21.056 (1975). Fuerza a las compañías de medios de transporte de media y larga distancia a exhibir material promocional del turismo como si las imposiciones del Estado, por más buenas intenciones que albergaran, no tuvieran costo para los privados.
- Ley N° 21.145 (1975). Otorga un privilegio a los artistas de compañías teatrales para viajar y usar servicios estatales a precio reducido. La reducción de la oferta estatal en transporte y alojamiento ha hecho este subsidio virtualmente inexistente, por lo que no se encuentra registro actual de su uso.
- Ley N° 21.159 (1975). Crea un curso de formación turística destinado al personal de la Administración Pública Nacional. Esta ley no se aplica desde hace más de una década.
- Ley N° 22.426 (1981). Esta ley obliga a que toda transferencia de tecnología o marcas sean aprobadas por el Estado. Esta ley constituye una violación a la libertad de contratar y comerciar establecida en la Constitución Nacional.
- Ley N° 23.634 (1988). Crea la Comisión Nacional de Cunicultura, un ente burocrático conformado por representantes del Estado Nacional y algunas provincias. La actividad es actividad libre y puede desarrollarse sin la necesidad de sobrecargar las arcas públicas con costos y burocracia inútil.
- Ley N° 24.127 (1992). Instituye un “Premio Nacional a la calidad” en el sector privado y en la administración pública. La realización del mismo implica un importante gasto para el Estado sin tener registro de utilidad alguna.
- Ley N° 20.956 (1975). Determina la confección de un plan de aprovechamiento energético de las mareas en el litoral marítimo del país. Transcurrió tanto tiempo que ni siquiera existe la empresa a la que se le asignó su implementación.
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