El Gobierno anunció que tomará un examen de idoneidad a 40 mil empleados estatales
Según el resultado obtenido, se decidirá si se renueva o no la continuidad del trabajador. Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien precisó que la evaluación será online y en coordinación con la UBA. Las personas discapacitadas estarán “en principio” exceptuadas de esta prueba.
En el marco del achicamiento estatal, el gobierno de Javier Milei anunció que tomará un examen de idoneidad a 40 mil empleados de la planta transitoria y contratados, según lo establecido en la Ley Bases.
En conferencia de prensa, Manuel Adorni, reveló que el examen de idoneidad estandarizado alcanzará a 40.000 empleados de la planta transitoria y contratados y aclaró que “las personas discapacitadas no van a participar del examen en primera instancia" debido a la inadaptabilidad de los sistemas.
Según detalló, el examen será online, en coordinación con la UBA y estará destinado a los empleados a los que se les renueva el contrato que vence el 31 de diciembre. Los trabajadores de planta permanente no deberán realizarlo.
Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger aseguraron que “va a ser un requisito necesario pero no suficiente, ya que después se definirá o no la renovación por los parámetros usuales si la persona merece la renovación del contrato”.
Al momento, no hay mayores detalles al respecto, solo la intencionalidad de utilizar esta nueva herramienta para calificar a los futuros empleados.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, se produjeron más de 50.000 despidos en el sector público. Algunos de los organismos cerrados para favorecer esa reducción fueron: Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), Casa de la Moneda, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), el INADI (instituto contra la discriminación), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), y la Agencia Oficial de Noticias Télam, entre otros.
Esta medida forma parte de su plan para reducir el tamaño del Estado en pos de achicar el déficit fiscal –como el veto a la Ley de Financiamiento Universitario-, lo que ha generado controversia y protestas en diversas áreas del país.