En medio del debate por la ley de movilidad jubilatoria, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) difundió semanas atrás un informe en el que analiza la evolución del haber mínimo desde 2001, tras la salida de la convertibilidad, a la actualidad. Según se advierte, los jubilados de la mínima alcanzaron su mayor poder adquisitivo en 2013, pero a partir de entonces sufrieron una caída constante que, sin contar el bono de 70.000 pesos, tocó su nivel más bajo en febrero pasado, en una situación que se emparenta con la registrada en la crisis de 2002.
De todas maneras, y según se desprende del documento de la UCA, si se agrega el bono de 70.000 pesos el valor de la mínima en febrero sí superó al poder adquisitivo de la mínima de principios de 2002. “A partir de ese mes comenzó una lenta recuperación de dichos haberes, la cual parece haberse estabilizado en julio pasado, aunque todavía con valores bonificados inferiores a los de diciembre de 2023”, se aclara en el análisis que tiene fecha de agosto de 2024.
De acuerdo a los cálculos que hizo el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que dirige Agustín Salvia, el momento más crítico del valor del haber previsional mínimo tuvo lugar en febrero, “cuando la jubilación mínima (sin bono) cayó a 151.081 pesos”. Esto es menos que los 163.321 pesos que (a valores actualizados de agosto de 2024) percibían los jubilados de la mínima a principios de 2002.
No obstante, si se cuenta la bonificación, el valor para el segundo mes de este año se eleva a 229.685 pesos. Aún así, se subraya que los jubilados sufrieron en febrero una caída adquisitiva del 66 por ciento (sin bono) y 48 por ciento (con bono) con respecto al haber promedio del año 2013, el mejor de la serie.
Otro pasaje del relevamiento difundido por la Universidad Católica Argentina precisa que “en la primera década del siglo XXI, luego de la caída experimentada entre 2001-2002, en un contexto de recuperación y crecimiento económico, con relativamente baja tasa de inflación, el monto real del haber mínimo jubilatorio fue en aumento, pasando para el promedio anual de 163.320 pesos en el año 2002 a 442.314 pesos en el año 2013 (a precios de agosto de 2024), es decir, marcando un crecimiento porcentual de alrededor del 170 por ciento”.
Tras ese período, el monto real de estos haberes volvió a caer entre 2013 y 2023 algo más del 40 por ciento (se pasó de 442.314 pesos a un promedio 257.241 pesos, sin considerar los bonos no remunerativos). En tanto que la retracción fue del 25 por ciento si se suma al cálculo el haber extra de los bonos (334.073 pesos de promedio).
Un paliativo
En ese sentido, los gráficos que acompañan el informe muestran cómo los bonos funcionan como complementos y paliativos para compensar la caída real del haber mínimo que, como se dijo, siete meses atrás tocaron su nivel más bajo.
Después del mencionado desplome de febrero de 2024, en el contexto de la puesta en vigencia de una nueva fórmula de actualización jubilatoria, “el haber mínimo fue logrando una relativa recuperación, alcanzando en agosto un monto de 225.454 pesos sin bono y de 295.454 pesos con bono”, analiza el estudio de la UCA y agrega que, entre febrero y agosto de 2024, “la recuperación habría sido del 49 por ciento para el haber mínimo sin bono y del 29 por ciento para el haber mínimo bonificado”.
“Esto implicó que los haberes reales de este último mes superaran a los de diciembre, pero no así a los bonificados. Igualmente, ambos todavía están por debajo de los haberes promedio de 2023”, concluye el informe que se conoce en medio de la polémica por la ley de movilidad jubilatoria que el Congreso aprobó y luego vetó el presidente, Javier Milei (en una decisión que también ratificó la Cámara de Diputados de la Nación). El proyecto que el mandatario anuló buscaba aumentar los haberes para compensar la pérdida adquisitiva de los jubilados. La iniciativa proponía un incremento basado en la evolución de la inflación y el salario promedio, además de un ajuste adicional del 8,1 por ciento. Una medida que para Milei compromete el equilibrio fiscal y por eso decidió vetarla con el respaldo final de un grupo de diputados aliados de la UCR, el PRO y La Libertad Avanza.
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