La Cámara Federal porteña escuchó ayer a ciudadanos venezolanos que denunciaron haber sido víctimas de secuestros ilegales y torturas en su país por parte del gobierno de Nicolás Maduro, sobre quien se reclamó sea citado a declaración indagatoria con orden de captura internacional por parte de la Justicia argentina.
En una audiencia convocada por la Sala I del Tribunal de Apelaciones en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, las víctimas -entre ellas se encuentra un fiscal-, cuya identidad se resguarda, detallaron lo que vivieron en Venezuela antes de irse del país.
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens quedaron así en condiciones de resolver si hacen lugar a un planteo de la querella y la fiscalía y ordenan la detención de Maduro en base al principio de “justicia universal”, o si por el contrario le dan la razón al juez del caso, Sebastián Ramos, quien rechazó el pedido hasta concluir con medidas de prueba.
Aunque Maduro no se presentará en los tribunales argentinos, el caso podría terminar con un pedido a Interpol que le impediría circular por la mayoría de los países del mundo. En su alegato, Farini Duggan amplió la denuncia por desaparición forzada de personas, en perjuicio de Rafael Sivira, Freddy Superlano, 25 estudiantes de la UNES (que habían denunciado la imposición del voto en favor de Nicolás Maduro); la detención de 749 manifestantes que han sido acusados de terrorismo, y seis nuevos asesinatos provocados por fuerzas de seguridad en el marco de las protestas por el fraude electoral: 3 de los 6 ejecutados eran menores de edad: de 15, 16, 19 años.
“Todas estas acciones forman parte de un plan sistemático ejecutado por el gobierno que dirige Nicolás Maduro para generar terror en la población civil y de esa forma perpetuarse en el poder bajo una dictadura cívico-militar”, agregó.
Así “lo han declarado sin eufemismos todos los gobiernos y todas las instituciones internacionales representativas y democráticas del planeta. Incluyendo al Papa Francisco”.
En su alegato, Farini Duggan recordó que “desde el inicio del proceso, y en sucesivas presentaciones posteriores, esta parte ha denunciado y ampliado la presentación original para que el Tribunal, cuya competencia ya ha sido declarada, investigue hechos concretos que conforman un plan sistemático de desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas, violaciones y otros crímenes de lesa humanidad perpetrados por los organismos de seguridad y grupos armados dirigidos desde las más encumbradas autoridades del régimen que gobierna la República Bolivariana de Venezuela”.
Torturas y exilio
Entre los testimonios se contó en a sala de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002 el de un fiscal que investigaba en Venezuela asesinatos durante manifestaciones estudiantiles y llegó a quienes habían dado las órdenes, pero sufrió un secuestro ilegal, fue torturado y se exilió en Argentina, según relató en la audiencia.
La causa es impulsada por el Foro Argentino por la Democracia con el patrocinio del abogado Tomás Farini Duggan, quien pidió a los jueces que se cite a Maduro a declaración indagatoria con orden de detención por delitos considerados de “lesa humanidad” ante la “peor dictadura cívico militar” en la que se ha “transformado a Venezuela en un centro de torturas”, manifestó en la audiencia. Además estuvieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par en la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, impulsor del Foro Argentino por la Democracia.
El fiscal ante esa instancia, José Aguero Iturbe, insistió en pedir la captura internacional contra Maduro, Diosdado Cabello y otros militares y agentes de inteligencia venezolanos imputados. A la audiencia también concurrió el fiscal que lleva la causa en instrucción, Carlos Stornelli.
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