Martín Farrell, el "padre jurídico" del juicio a las juntas militares

El ex Presidente de la Nación, Raúl Alfonsín siempre será recordado como el padre de la democracia en Argentina. Su desempeño en la década del ochenta, su perseverancia y su constancia para trasmitir al pueblo los valores democráticos y su importancia abalan esta percepción del pueblo argentino sobre su persona.

El abogado nacido en Chascomús se convirtió en el símbolo por su incansable actitud democrática ante sucesos políticos y sociales en los que a veces podría resultar más “cómodo” actuar de forma autoritaria. Su rol como “padre de la democracia argentina” se inmortalizó durante su presidencia entre 1983 y 1989, en la que derogó la autoamnistía, decretada por los militares durante el gobierno de facto, y creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

Su Primera acción como presidente fue la sanción de dos decretos: el 157/83 y el 158/83; el primero ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros, el segundo ordenaba procesar a las juntas militares que dirigieron el país durante el golpe militar iniciado el 24 de marzo de 1976.

Pero pocos saben o recuerdan que detrás de Alfonsín hubo un hombre que le dio al expresidente el cómo realizar el jucio. Porque Alfonsín tenía claro qué es lo que quería y no podía fallar. La cuestión era el cómo. y debía ser infalibre para dejar un mensaje en la historias nacional. Ese mensaje fue el "Nunca Más". 

Entonces, si Alfonsín es considerado "el padre de la democracia", tranquilamente el abogado Martín Farrell puede ser nombrado "el padre jurídico" del juicio a las juntas militares. Porque él, fue quien le dio el cómo al ex presidente para enjuiciar a los culpables.

En ese contexto, la Unnoba otorgó el martes el título académico de Profesor Honorario al doctor Martín Diego Farrell, durante la Reunión Plenaria del Consejo Permanente de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales, en un acto realizado en el Salón de la Democracia Argentina, en el que el rector Guillermo Tamarit destacó su largo recorrido en el ámbito académico y jurídico e hizo mención especial al momento histórico con el que está vinculado: su aporte a la política de derechos humanos del gobierno de Raúl Alfonsín, en particular el juicio a las juntas miliares.

En una entrevista con Diarioucleo.com, Farrell opinó sobre la politización de la justicia y la relación entre política y judicialización en Argentina; además, discutió temas como la selección de jueces, la historia del Juicio a las Juntas y las reformas del Consejo de la Magistratura

-Acaba de brindar una conferencia titulada “Judicialización de la Política, Politización de la Justicia”. En ese contexto. ¿cuáles son los aspectos que abordó explicando estos legos?

-Fijé los criterios para la elección de miembros de la Corte, de qué manera incide la política en esas decisiones y de qué manera prevé la Constitución que haga la elección de miembros de la Corte. Ese es el aspecto que me parece a mí que encuadraría como politización de la Justicia. Lo analizamos desde la primera Corte Suprema hasta hoy.

Y en cuanto a judicialización de la política, examinamos la manera de cómo la Corte entendió la conformación del Consejo de la Magistratura y qué es lo que tiene que decir desde el punto de vista judicial.

-En la última decisión de la Corte, ¿en qué manera incidió el Consejo y de qué forma en la creación del Consejo en la Constitución de 1994?

-De alguna manera incidió en la relación entre política y Justicia. Porque antes la Corte simplemente era la que gobernaba el Poder Judicial y ahora comparte esa tarea con políticos, académicos y profesionales. De manera que esa incorporación al área constitucional del Consejo de la Magistraturainfluyó en la vinculación entre la política y la justicia.

-En base a lo anterior, ¿cómo fue la relación entre la Justicia y la política en el juicio a las juntas?

-Afortunadamente no la hubo. Ese fue un gran mérito del gobierno de Alfonsín. Una vez que dictó los decretos pidiendo el procesamiento, que fueron los 156 y 157, dejó en absoluta libertad, por un lado,a la Fiscalía, y por otro lado a la Cámara Federal para que decidieran con libertad. Hubo una absoluta independencia del Poder Judicial y nula interferencia por parte del Poder Ejecutivo.

-¿Y cómo fue la relación de Alfonsín respecto del marco teórico propuesto para juzgar a los militares?

-Alfonsín tenía muy claro lo que quería hacer y lo tenía perfectamente claro. Lo que no tenía claro, porque no hay un término en la materia, era el cómo. Nosotros le proporcionamos el cómo, el marco necesario y normativo para que juzgara a la Junta Militar.

Alfonsín lo que tenía muy claro era que quería juzgar a la cúpula militar y aplicar después la Ley de Obediencia Debida; y lo dijo siempre con toda fidelidad a lo largo de la campaña. Las formas de evaluar el juicio, las características y los detalles, eso es lo que proporcionamos nosotros.

-Hace un tiempo Martín Balza le dijo a Diarionnucleo.com que sin Alfonsín el Juicio a las Juntas no se podría haber realizado. ¿Puede decirse que sin usted tampoco se podría haber implementado?

-Sin mí sí, sin Alfonsín no. Alfonsín hubiera podido conseguir en alguna otra parte asesores de la misma calidad sin ningún problema. Lo que era necesario en ese momento era contar con una persona que tuviera integridad moral, coraje y autoridad para hacerlo. Y eso lo tenía una sola persona. Alfonsín es irreemplazable en este proceso. Nosotros somos piezas descartables, pero la persona que ideó esto, la persona que lo imaginó y la que tuvo el coraje para llevarlo a cabo hasta el final fue Alfonsín.

-Pero usted también quedó en la historia…

-Él (por Alfonsín) es el prócer de la historia y yo tuve la suerte de poder colaborar con un prócer y figurar como nota de pie página.

-Continuando con la relación de la Justicia y la política y en el marco de la discusión por las vacantes en la Corte, ¿cuáles son las características que recalcaría para ser un buen juez?

-Un buen juez debe entender que sus preferencias no pueden contar en cada decisión judicial y que un juez que nunca ha visto una sentencia cuyo contenido le desagrade, no es un buen juez. El juez tiene que entender que el marco normativo le impone ciertas decisiones y tiene que respetarlas. Ese es un buen juez.

-¿Qué opinión tiene al respecto sobre los candidatos propuestos por el presidente de la Nación, Javier Milei, para que se conviertan en jueces de la Corte?

-Por un lado, varias veces he manifestado mi disconformidad y mi desagrado con la propuesta del juez Ariel Lijo. He firmado declaraciones y he hablado dos veces en contra de él y estoy dispuesto a seguir haciendo todo lo que sea necesario para impedirlo. Creo que el desprestigio de la Justicia argentina proviene de la actuación de los jueces federales, no de todos, pero de la mayoría de Comodoro Py. Y Lijo es uno de los jueces que más críticas han merecido en los últimos tiempos. De manera que llevar a la Corte el descrédito de los jueces de Comodoro Py me parece muy desacertado. Y eso lo he visto varias veces.

-¿Y en este caso la política termina desacreditando a la Justicia?

-En este caso fue un mal ejercicio de la política, porque ni siquiera sé si esta maniobra va a tener éxito, porque fue ejecutada de un modo muy extraño. Lo que podría ocurrir, es que el presidenteMilei haya perdido prestigio por Comodoro Py y Lijo ni siquiera tenga éxito en su propuesta.

-Si bien la reforma constitucional de 1994 dotó de aspectos políticos al Consejo de la Magistratura y se han reiterado a lo largo del tiempo críticas respecto de su funcionamiento asegurando que es demasiado político, ¿cree que el Consejo de la Magistratura debería desprenderse de estos aspectos políticos?¿y en qué medida?

-El problema es que el Consejo de la Magistratura es una institución constitucional, por lo tanto, no podemos prescindir de ella. Por otra parte, los convencionales constituyentes nunca se pusieron de acuerdo sobre la integración precisa del Consejo. Simplemente no lograron el compromiso necesario para incorporar la conformación del Consejo a la Constitución. Y, por lo tanto, lo único que lograron fue una fórmula de consenso que consistió en decir que debía haber equilibrio.

Lo que la Corte mostró en su última sentencia es que la ley del Consejo no era equilibrada. Tiene que haber necesariamente participación de la política del Consejo porque la Constitución lo impone. El problema es que si el Parlamento consigue pararse de acuerdo a alguna fórmulade equilibrio. La última no era tal y la Corte lo dijo con toda claridad.