El escándalo de los brokers de seguros durante el gobierno de Alberto Fernández continúa sumando capítulos y a medida que avanza la investigación judicial se develan nuevos detalles del complejo entramado.
En este caso, se conocieron parte de las discrepancias internas que existían en la última administración peronista por el rol que debían cumplir los brokers de seguros en las pólizas del sector público.
El enfrentamiento de posturas devino de la eliminación del artículo 3° del decreto 832/2021, que establecía que los brokers sólo podían involucrarse en pólizas del sector público en casos de alta complejidad y debidamente justificados, ante lo que se buscaba exigir que el máximo responsable del organismo público que lo requiera eleve una nota explicatoria a Nación Seguros
El apartado en cuestión expresaba que “en caso de que la complejidad o volumen de los riesgos a asegurar amerite la participación de la figura de un productor asesor de seguros o sociedades de productoras asesoras de seguros en el marco de lo establecido por la ley 22.400, el titular de una unidad operativa de contrataciones o del servicio administrativo financiero o autoridad de nivel equivalente de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la ley 24.156 comunicará por nota a Nación Seguros dicha decisión”.
El artículo quedó en el borrador de la normativa y nunca se aplicó por decisión de la entonces secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, quien consideró mejor “no legalizar la figura” del productor de seguros en las pólizas del Estado, para no incentivar posibles contrataciones, según publicó La Nación.
Sin embargo, la investigación judicial analiza que habría ocurrido lo contrario, generándose un terreno propicio para la intermediación de los brokers entre los organismo públicos y Nación Seguros.
Esta práctica les generó ganancias millonarias por el cobro de comisiones de 10 o más puntos porcentuales, lo que sólo en 2023 implicó una suma de $50.000 millones.
La contraposición entre la postura de Ibarra y la sospecha judicial, quedó reflejada en el seno del gobierno de Fernández a partir de los chats entre funcionarios, recopilados en el marco de la causa.
En una de las conversaciones, Alberto Pagliano, entonces titular de Nación Seguros, le contaba a su asesora Sonia Gregorini que el asunto se complicó cuando un tal “Martín”, que sería un funcionario, se atrevió a objetar la eliminación de los requisitos para los brokers. Según Pagliano, Martín “puso cara de lloriquear” en medio de la discusión.
Pagliano relató que le contestó a Martín su discrepancia diciendo: “Mirá, era obvio que lo iban a bajar.”
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