Continúa el revuelo por el veto a la ley que aumenta los haberes jubilatorios
El oficialismo y la oposición pujan por los dos tercios que se necesitan para volver a aplicar el proyecto que sancionó el Congreso.
Con el veto que el presidente, Javier Milei, firmó el último viernes y que ayer se publicó en el Boletín Oficial, el Gobierno dejó formalmente sin efecto los cambios en la ley de movilidad jubilatoria aprobada por la oposición en el Congreso y que establecía un incremento en los haberes del 8,1 por ciento.
Ahora, para que ese aumento vuelva a estar vigente, la Cámara de Diputados y el Senado deberán insistir con el respaldo de los dos tercios de cada cuerpo legislativo. En medio del revuelo, la decisión presidencial recibió ayer la primera denuncia judicial por supuesto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La presentación de la abogada Valeria Carreras apuntó contra el Presidente y el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo. El expediente quedó a cargo del juez Julián Ercolini. Para anular la suba jubilatoria, el Gobierno justificó que el proyecto sancionado por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
De aplicarse el aumento, argumentó, generará un gasto adicional de $6 billones para el 2024 y de $15 millones billones para el 2025, que “equivalen al 1.02% del PBI calculado para el año en curso; y 1,64% de aquel estimado para el año entrante”.
Para atenuar los efectos y el costo político de la medida, la administración libertaria fijó para este mes un nuevo bono de hasta $70 mil para jubilados y pensionados de la mínima, a los que, según trascendidos, podrían adicionársele un extra de entre $10 mil y $20 mil.
En el plano legislativo, el veto jubilatorio debe ser tratado en las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda, que conduce el libertario José Luis Espert y que, por tanto, será un filtro difícil de superar para la oposición. En cambio, la comisión de Previsión y Seguridad es presidida por la radical Gabriela Brouwer, que prevé citar lo antes posible a ese organismo parlamentario para emitir dictamen de insistencia con la reforma sancionada por el Congreso.
La pelea por los dos tercios
De todas formas, el oficialismo ya trabaja para que la oposición no junte los dos tercios: para ello debe reunir 86 votos, si es que los 257 legisladores estuvieran presentes en el recinto de sesiones.
El viernes, Milei avanzó con la firma del veto total tras reunirse con los bloques de diputados libertarios, del PRO y el MID, quienes le dieron su respaldo. En ese sentido, el Presidente busca realinear fuerzas con legisladores propios y de las bancadas aliadas. Públicamente, Milei dijo que su intención es armar un interbloque con el PRO, que podría estar encabezado por Cristian Ritondo.
Pese a las discrepancias internas sobre este plan, la motivación del Presidente al hacerle lugar al PRO y al MID de Oscar Zago es estrictamente pragmática: necesita de sus aliados naturales para defender el veto a la ley jubilatoria. De hecho, fue la fuerza política de Mauricio Macri la que se encargó de hacerle entender a Milei que la necesitaba para impedir en ambas cámaras los dos tercios de los votos que la oposición persigue.
Primero, el PRO aportó en Diputados sus votos para el rechazo al decreto de ampliación presupuestaria de la SIDE; y, luego, sus senadores votaron a favor de la reforma jubilatoria opositora, con un resultado mayor a los dos tercios.
Después llegaría el comunicado de Macri despegándose del voto de sus senadores, pero para entonces el PRO ya había tenido éxito en exhibirle al Gobierno su poder de daño. De esta manera, el macrismo quiso dejar en claro que el blindaje al veto de la reforma jubilatoria depende exclusivamente del PRO.
Esa demostración de fuerza fue un mensaje de poder y una forma de subirse el precio luego de sentirse menospreciado por el Gobierno. Como se dijo, para impedir los dos tercios en Diputados, el Gobierno necesitaría 86 votos en contra de la ley jubilatoria. De entrada no los tiene, ya que a la sumatoria de los votos de LLA, el PRO y el MID le faltaría un puñado más de voluntades.
En cambio, para garantizarse la ley jubilatoria en Diputados y revertir el veto, la oposición necesitará 171 votos, aunque también podría lograr su objetivo con menos, al tener en cuenta que muy probablemente habrá ausentes en la sesión.