El exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde sufrió ayer un nuevo revés judicial, en la causa que investiga su viaje a Marbella, con la modelo Sofía Clerici. Fue luego de que la Cámara Federal confirmara el rechazo de su pedido para que la investigación pase a la justicia ordinaria de Lomas de Zamora, su distrito, y permanezca en la esfera federal.
El exintendente lomense y exfuncionario del gobierno provincial hasta el año pasado está siendo investigado por los cargo de presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, a partir de trascender el viaje al exterior que realizó con Clerici, cuando se alojaron en una villa de lujo y abordaron un yate para recorrer el Mediterráneo, además de la exhibición de regalos por parte de la modelo, como joyas y relojes de alta gama.
El polémico viaje se había realizado en septiembre del año pasado, luego de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
Insaurralde había pedido que la investigación pase a la justicia provincial de Lomas de Zamora, lo que fue rechazado ahora por la Cámara Federal de La Plata. Por lo tanto, el caso continuará en manos del juez federal Ernesto Kreplak, que subroga en la justicia de Lomas, y del fiscal Sergio Mola.
El camarista Carlos Alberto Vallefín decidió que la dirección del caso, la complejidad, la hipótesis de lavado de dinero, que es materia federal, el estado inicial del proceso y “razones de mejor administración de justicia, determina que la causa se quede en la justicia federal, sin perjuicio de lo que surja en el futuro.
En la resolución conocida ayer, se indicó que no deben declinarse “ninguna de las hipótesis delictivas que se investigan” que suponen “poner en circulación en el mercado activos provenientes de supuestos actos de corrupción” o que “el patrimonio denunciado no se condice con los ingresos propios de las actividades declaradas por los imputados”.
Y, además de remarcar la competencia federal para los casos de lavado, como lo indica la jurisprudencia, argumentó que “en la causa, las medidas probatorias” están en plena producción, por lo que sacar el caso de la justicia federal es “a todas luces prematuro”, como parte de los argumentos para que la causa continúe en el juzgado de Kreplak, incluyendo la “economía procesal y la mejor administración de justicia”.
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