La oposición en el Senado sancionó ayer, por dos tercios, la ley que recompone en un 8,1% los haberes jubilatorios y que contiene una nueva fórmula de movilidad. Para el Gobierno es una pésima noticia porque según su lógica desafía el equilibrio fiscal, ya que generaría erogaciones no previstas. El presidente Javier Milei había anticipado hace tiempo que vetaría la norma en caso de aprobarse, algo que ratificó poco antes de la votación definitoria a través de su vocero.
El masivo acompañamiento por tan holgada mayoría supondrá un costo político inevitable a pagar por Milei, en un tema hipersensible en medio de un profundo ajuste económico que la clase pasiva sufre especialmente, más allá de algún bono de recomposición salarial que siempre huele a poco.
Es el segundo revés parlamentario que sufre La Libertad Avanza esta semana porque el miércoles la Cámara de Diputados rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656/2024, a través del cual Milei incrementó en $100.000 millones los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Ahora pasó al Senado, que probablemente vote en el mismo sentido y lo deje sin efecto.
En realidad, podría hablarse de tres desaires del Congreso en tres días. Es que habría que contar el hecho de que el martes el Gobierno también perdió el control y la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, que quedó en manos del senador Martín Lousteau y los representantes del kirchnerismo por una alianza entre esos dos sectores.
Cinco horas de debate
Cinco horas duró el debate de ayer en el Senado. El proyecto en general tuvo 61 votos a favor, 8 negativos y ninguna abstención. Con un dato adicional de alto interés político: todos los senadores de PRO, salvo la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, acompañaron la iniciativa que presentó la oposición. El resto del rechazo estuvo dado por los siete senadores de La Libertad Avanza. Minutos después se aprobó todo el articulado en particular con la misma mayoría. Solo hubo tres ausentes: Maximiliano Abad (UCR), Alejandra Vigo (Cambio Federal) y Silvina García Larraburu (UxP).
El PRO, que se supone un opositor dialoguista del Gobierno, casi un aliado parlamentario, ya había votado en contra del DNU sobre los fondos de Inteligencia el miércoles último en Diputados. Eso fue por orden directa de Mauricio Macri, distanciado de la mesa chica del Presidente.
Detalle 1: el senador libertario Bartolomé Abdala presidió la sesión durante la sanción de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Reemplazó a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien evitó así que las cámaras la mostraran como la cara visible de la derrota del oficialismo. Es público sus diferencias con Milei y su entorno. Quiere evitar que la sigan responsabilizando de los pesares en el Congreso, como pasó con el polémico aumento de las dietas de los senadores.
Como no hubo cambios, el texto no será revisado por Diputados. Eso hubiera querido el oficialismo para demorar la reforma. Lo dicho: ahora está en manos de Milei promulgar la ley o vetarla.
Detalle 2: la votación de los cinco senadores de PRO que respaldaron la reforma supone un viraje de esa fuerza respecto de cómo había votado en Diputados, cuando se le dio media sanción al proyecto. Allí, la bancada macrista se alió al oficialismo y rechazó la propuesta opositora defendiendo el argumento de que impactará negativamente en el equilibrio fiscal.
Es obvio que en medio se registró una suba en la tensión entre el macrismo y los libertarios, que incluye la guerra fría entre Macri y el asesor presidencial Santiago Caputo (maneja la SIDE a través de delegados), la promesa incumplida de que la Comisión Bicameral de esa área iba a ser manejada por un legislador amarillo y el ninguneo al gobierno de la CABA, liderado por el otro Macri, Jorge, respecto a la restitución de los fondos coparticipables que la administración nacional le adeuda, una orden de la Corte Suprema de Justicia que debería cumplirse.
La iniciativa que sancionó la oposición fija una recomposición del 8,1% por la inflación correspondiente al mes de enero, que no había sido incluida en la actualización que Milei determinó por decreto en abril pasado.
Sumado a esto, define al Indice de Precios al Consumidor (IPC) mensual como la variable de la movilidad para las jubilaciones, que deberán estar por encima del valor de la canasta básica de alimentos. Y, entre otros puntos, crea una cláusula gatillo anual que se aplicará automáticamente siempre que los salarios hayan subido más que la inflación y será del 50% de esta diferencia.
El Gobierno saca a relucir la máxima “no hay plata” para esgrimir que el gasto que eso supone implicaría poner en peligro el equilibrio fiscal que, como la baja de la inflación, se ha transformado en una obsesión para el Presidente. Y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que estas modificaciones representarían un gasto adicional en jubilaciones y pensiones de alrededor del 0,44% del PBI. Una de las cosas interesantes que arrojó el debate de ayer es que el rol de defensor del proyecto lo asumió el senador hiper-kirchnerista Mariano Recalde, aún cuando en Diputados la iniciativa había sido impulsada por el radicalismo y, claro, acompañada por Unión por la Patria.
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