Las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos guardan imágenes por un máximo de 45 días. La poca capacidad de almacenamiento y la obsolescencia del sistema hacen que luego los viejos archivos sean reemplazados por los nuevos que, transcurrido ese lapso, son eliminados para ser sobreescritos por otros. Eso dificulta el hallazgo de registros fílmicos de los años 2019 al 2023, cuando la residencia presidencial habría sido escenario de los golpes y agresiones por los que Fabiola Yáñez denunció a su expareja, el entonces presidente, Alberto Fernández. Así lo advirtieron ayer desde el Gobierno de Javier Milei, luego de una serie de solicitudes de la fiscalía que investiga el caso.
Uno de esos pedidos apuntaba a las imágenes de video tomadas por las cámaras de seguridad de Olivos a las que, según se aclaró, la Justicia no podría acceder.
Ocurre que, al menos hasta la gestión Fernández, la cantidad de grabaciones que se podían guardar dependían del peso de las mismas y de la calidad de cada filmación, pero en ningún caso superaría los 45 días de almacenamiento. Además, trascendió que durante el gobierno anterior la definición de las imágenes que se guardaban era “de media a alta” y que, por lo tanto, el tiempo de conservación de lo almacenado podría haber sido aún menor. Además, los domos de Olivos girarían, en general, en 360°, con excepción de los de la entrada del chalet presidencial, que lo hacían en 180° y no tomaban el ingreso a la residencia.
El fiscal Ramiro González pidió estas grabaciones la semana pasada, cuando imputó al expresidente por los delitos de “lesiones graves, doblemente agravadas” y por ”amenazas coactivas”, en el marco de la denuncia por violencia de género que radicó Yáñez desde Madrid.
El foco estaba puesto en las actividades de Olivos, el chalet principal y la casa de huéspedes durante los últimos cuatro años. Una prueba que, según fuentes al tanto de la investigación, ya no estaría disponible. Además, se le pidió a la Casa Rosada que informe la nómina del personal doméstico de Olivos; los datos del personal que acompañó a la entonces Primera Dama durante un viaje a Misiones en julio de 2021 y el registro de ingresos y constancias de atención médica en el predio.
Respecto a esa documentación, voceros oficiales anticiparon que responderán los requerimientos de la Justicia con la mayor celeridad.
“La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, en el marco de la causa por violencia de género que involucra al expresidente, el profesor Fernández, ha requerido al Gobierno diferentes datos, los cuales van a ser aportados”, confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, y aseguró que el pedido fue remitido a las áreas correspondientes “para recolectar la información y poder cumplir con lo requerido por la Justicia”.
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