Imágenes sexuales explícitas no solicitadas, amenazas o divulgación de videos íntimos sin consentimiento, acoso digital, insultos misóginos... La violencia digital contra las mujeres constituye un fenómeno mucho más frecuente de lo que se suele imaginar. Tanto es así que un 59% de reconoce haber sido blanco en algún momento de mensajes de este tipo por chat y una de cada tres en redes sociales como TikTok, Facebook, X o Instagram.
El dato surge de una investigación de Amnistía Internacional, según la cual el fenómeno viene condicionando la forma en que muchas de ellas usan las plataformas digitales. Y es que, como muestra el estudio, el 70% de quienes sufrieron abuso o acoso online tomaron medidas para protegerse y, de ellas, el 36% dejó de publicar o compartir contenidos sobre ciertos temas en donde expresaban su posición.
Como destacaron desde ONU Mujeres y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, en América Latina el 80% de las mujeres con voz pública limitó su participación en redes sociales; el 40% se autocensuró; una de cada tres cambió de puesto laboral y una de cada cuatro fue despedida o no le renovaron el contrato.
Además de limitar la libertad de expresión, disciplinar y silenciar el debate público, estos ataques impactan en la salud y seguridad de las personas afectadas, resaltaron desde la Alianza Regional.
Frente a esta realidad, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina, ONU Mujeres y Amnistía Internacional propusieron días atrás “Hackeá la violencia digital”, un encuentro donde se organizaron mesas de trabajo sobre las modalidades de violencia en entornos digitales, los desafíos en el acceso a la justicia ante la violencia digital basada en género; estrategias para la prevención y abordaje de la violencia digital hacia adolescentes y jóvenes, y violencia digital y libertad de expresión.
El encuentro tuvo el objetivo de compartir experiencias y promover estrategias de acción para abordar los ataques digitales a personas y organizaciones que promueven especialmente la agenda de género y derechos humanos.
“La violencia digital no es un problema aislado, tiene un impacto y consecuencias devastadoras en la vida de las personas, porque limita sus oportunidades y vulnera sus derechos.
El trabajo conjunto y coordinado puede lograr un cambio significativo para construir un futuro digital donde todas las personas puedan vivir libres de violencia y discriminación”, dijo Mariana Isasi, Jefa de Oficina de UNFPA Argentina.
“La violencia digital también es violencia basada en género”, señaló por su parte la coordinadora de programas de ONU Mujeres en Uruguay y oficial a cargo ad interim en Argentina, Magdalena Furtado.
“Es la misma violencia que ocurre en otros espacios, pero ahora pasamos más tiempo en los espacios digitales. Esta violencia tiene características peculiares: la inmediatez, el anonimato, la réplica exponencial o la falta de regulación.
Por ello, las empresas que regulan las redes sociales tienen un rol fundamental. Tenemos que reflexionar qué recomendaciones queremos construir. Es un tema sumamente importante que desde ONU Mujeres venimos trabajando”.
Para Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, “resulta indispensable que el Estado adopte medidas para atender la violencia de género en el entorno digital ya que no es un problema social que se autorregula solo. Es necesaria la producción de datos para el diseño de políticas públicas eficaces y que se adopten medidas para resguardar la libertad de expresión”.
Y es que, según comentó Bielski, “la violencia y el abuso que viven muchas mujeres en las redes sociales hace que se autocensuren; limiten sus interacciones y, en algunos casos, abandonen la red por completo. En definitiva, estos amedrentamientos repercuten en la falta de pluralidad de voces”.
También Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación, alertó sobre los efectos del fenómeno al señalar que “la violencia contra las activistas es una violencia contra las mujeres, pero también pone el juego la calidad del sistema democrático. Hay una disputa sobre en qué sociedad queremos vivir, sociedades más justas y humanas”, afirmo.
De ahí que “hay que pensar cómo promover marcos regulatorios y mecanismos de rendición de cuentas multilaterales que puedan ser efectivos para lograr la responsabilización de las empresas en un contexto donde la prevención de la circulación de este tipo de expresiones requiere de múltiples actores y una sociedad civil organizada controlando y observando ese fallo”, sostuvo por su parte el procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Víctor Abramovich Cosarín.
Mariela Belski, Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina
“La violencia y el abuso que viven muchas mujeres en las redes sociales hace que se autocensuren; limiten sus interacciones y, en algunos casos, abandonen la red”
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