Fernández más complicado judicialmente: piden investigar su celular por la causa Seguros
El teléfono del expresidente fue incautado en el marco de la denuncia que se le hizo por violencia de género. Pero ahora se busca orientar las pesquisas a la causa que investiga el posible pago irregular de 3.453 millones de pesos en comisiones del Banco Nación a un amigo del expresidente, entre otros beneficiarios.
El frente judicial no le da pausa al expresidente denunciado por violencia de género. El fiscal Carlos Rívolo le solicitó al juez Julián Ercolini que se examine el teléfono celular de Alberto Fernández en el marco de la causa sobre los seguros del Banco Nación.
En una petición formal, el fiscal busca revisar las conversaciones del expresidente con el broker y amigo personal del exmandatario, Héctor Martínez Sosa, y su esposa, María Cantero, para encontrar “elementos de interés” para la investigación en curso.
El celular de Alberto Fernández fue incautado el viernes pasado junto con otros dispositivos, como pendrives y tablets durante un allanamiento en su departamento de Puerto Madero. Este procedimiento se realizó en el contexto de la causa en la que Fernández está imputado por “lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y amenazas coactivas”.
Aunque la investigación judicial se centra en pruebas relacionadas con violencia de género, el análisis del celular del expresidente podría revelar información importabte sobre sus relaciones con empresarios y políticos y la posible comisión de delitos en una investigación que lo involucra directamente porque Cantero era su secretaria privada durante su presidencia.
La causa se originó a partir de una auditoría interna del gobierno actual, liderado por Javier Milei, que descubrió la contratación de seguros a través del Banco Nación mediante brokers vinculados al entorno de Alberto Fernández. Por eso la investigación examina posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación de fondos públicos.
Además de Fernández, el juez Ercolini imputó a Cantero, a su esposo Héctor Martínez Sosa -broker beneficiado y amigo del expresidente- y al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por presuntamente haber montado una estructura de defraudación al Estado a través del decreto 823/2021.
Cifras millonarias
Ese decreto obligó a los organismos estatales a contratar con Nación Seguros, facilitando la segunda parte de la maniobra: la intermediación de brokers que recibieron comisiones sustanciales. De hecho, Martínez Sosa fue el segundo broker más beneficiado con esa medida, acumulando 19 contratos y comisiones por $366.635.744.
El juez Ercolini investiga por qué se involucraron intermediarios privados en una operación que no parecía necesitarlos, y por qué Nación Seguros tercerizaba servicios a otras empresas cuando, por decreto del expresidente, los organismos estatales estaban obligados a contratar con la aseguradora del banco oficial.
Con estos indicios, la investigación se centra en establecer si hubo una posible organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales, mediante la intermediación de particulares y empresas, y la inclusión de compañías coaseguradoras.
El caso abarca 45 organismos oficiales que firmaron 25 contratos con intermediarios de seguros que -durante el gobierno de Fernández- se beneficiaron con el cobro de comisiones por un total de 3.453.302.770 pesos: unos 17 millones de dólares.
Hasta ahora, el análisis de los mensajes entre Cantero y Martínez Sosa reveló visitas frecuentes del broker a la Quinta Presidencial de Olivos y encuentros con Fernández, a pesar de que estos ingresos no aparecen en los registros oficiales. También se detectó que Cantero actuaba como intermediaria entre su esposo y el entorno del exmandatario para facilitar acuerdos comerciales.