Intervinieron la segunda obra social más grande del país a través de un decreto
Osprera tiene más de 650.000 afiliados y una deuda de $ 43.000 millones.
El Gobierno Nacional de Javier Milei oficializó este lunes a través de un Decreto la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera), la segunda de mayor magnitud por cantidad de afiliados, con un número mayor a 650.000 afiliados.
Se trata de una de las medidas más resonantes dentro del programa de auditorías que está haciendo la Superintendencia de Servicios de Salud en las obras sociales sindicales. A muchas de ellas las señala por fuertes irregularidades y las acusa de ser utilizadas como cajas negras para financiamiento.
Esta decisión se dio por dos factores determinantes. En primer lugar, acusaron que la deuda financiera que acarrea (de $43.949 millones hasta marzo de 2024) pone en peligro la sostenibilidad de la entidad; en segundo, indicaron que presenta enormes irregularidades administrativas y años de falta de información necesaria como para funcionar como agente del sistema de salud.
Es posible que, además, se avancen con investigaciones paralelas a la auditoría que realizó la SSS. En particular, miran con mucha atención el otorgamiento de una ayuda financiera recibida en octubre del año pasado de $ 3350 millones que debía subsanar deudas contraídas por la obra social.
Los interventores acusan que desde entonces hasta marzo de este año la obra social incrementó un 63% sus deudas, pasando de $ 27.000 millones a $ 44.000 millones. A esto se le debe sumar más de $ 1000 millones de deudas con hospitales y clínicas.
A la complicada situación de liquidez se le suman los problemas de administración de Osprera. "Nunca presentó un informe, ni memorias ni balances en más de un año", afirman en la SSS. También se consignó que de los prestadores que figuraban que trabajaban con la obra social, un 90% dijo que no ya no tenían convenio. Con esta situación como base, la OOSS corre riesgo de que el interventor pueda considerarla como "inviable" (desde el punto de vista económico, prestacional, financiero y patrimonial), activándose el mecanismo de liquidación. "En ese caso, los afiliados se redistribuirían entre otras obras sociales", afirman fuentes gubernamentales.
El Gobierno ya había intervenido otra entidad meses atrás, la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF). Incluso, este lunes se conoció que la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL) también entró en un proceso de administración provisoria y que será intervenida en los próximos días.