La decisión del Gobierno de imponer, por decreto de necesidad y urgencia, un aumento de $100.000 millones para gastos reservados de la flamante Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) –organismo que orbita bajo la tutela del asesor presidencial Santiago Caputo (foto)–, desató fuertes críticas de la oposición, incluso de sectores afines al oficialismo, por la envergadura del incremento: en un marco de fuerte restricción del gasto público, las partidas para inteligencia aumentaron un 778% desde que el presidente Javier Milei asumió su mandato.
En efecto, cuando el Gobierno prorrogó el presupuesto 2023, en los albores de su gestión, el crédito asignado a la ex-Agencia Federal de Inteligencia (AFI) era de $15.557 millones. Ahora trepó a $136.741 millones, con el agravante de que los gastos en los que incurra el organismo –que recobró el antiguo nombre de SIDE– serán reservados. Esto significa que sus autoridades podrán hacer uso discrecional de esos gastos y no estarán obligadas a rendir cuentas sobre su ejecución, salvo ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Seguridad e Inteligencia del Congreso. Un cuerpo cuya conformación viene demorada hace ocho meses por la obsesión del oficialismo de controlar su funcionamiento.
El domingo, la resurrección de la SIDE –a cargo de Sergio Neiffert, hombre de Caputo– tiene como objetivo que empoderar al organismo con amplias facultades operativas y presupuestarias –incluidos los gastos reservados–, y concentrar en él la supervisión de todo el sistema de inteligencia nacional. Por medio del DNU 614, publicado la semana pasada, dispuso crear cuatro órganos desconcentrados que formarán parte de la SIDE: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI), informó ayer La Nación.
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