En la Cámara de Diputados de la Nación no sólo se discutirá el contenido de la ley Bases y el paquete fiscal. También se pondrá en juego la interpretación constitucional de las atribuciones que tendrán los diputados para cambiar lo que se votó en el Senado.
La lupa está puesta sobre el capítulo fiscal y, puntualmente, sobre lo que tiene que ver con el Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales. En los dos casos, los senadores no modificaron los artículos, sino que directamente los rechazaron. Ahora la pregunta que se formulan legisladores, asesores y constitucionalistas es si es lo mismo rechazar un artículo que modificarlo.
El debate tiene que ver con que el Gobierno pretende que la mayoría que consiguió en Diputados para sancionar la ley Bases ratifique lo que votó para revertir lo que hizo el Senado en materia tributaria.
Las opiniones son encontradas. Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, los diputados no podrían revertir la votación de la Cámara alta. “En relación al procedimiento de formación y sanción de las leyes y al juego posible entre la Cámara de origen y la Cámara revisora, el artículo 81 de la Constitución utiliza tres conceptos “corregir”, “adicionar” y “rechazar”, sostiene.
“Corregir se enfoca en mejorar algo eliminando errores o defectos. Adicionar implica agregar algo a lo que ya existe. Rechazar se refiere a no aceptar, contradecir o denegar lo que se propone o solicita. Su antónimo es aceptar o aprobar. Cada término tiene su propio conjunto de sinónimos y aplicaciones específicas. Por ejemplo, un sinónimo de “corregir” es rectificar y una aplicación específica “hacer correcciones para asegurarse de que algo sea correcto”, un sinónimo de adicionar es “agregar” y una aplicación específica “incluir algo extra”, un sinónimo de rechazar es rehusar y una aplicación específica “no aceptar algo ofrecido”, añade.
“¿Qué puede hacer la Cámara de origen si la Cámara revisora aprueba un proyecto de ley con correcciones o adiciones? Aceptar la versión de la Cámara revisora o bien insistir con la redacción original reuniendo la misma mayoría que se obtuvo en la Cámara revisora cuando se aprobaron las correcciones y adiciones”, pero “no puede insistir respecto de los tramos normativas que fueron rechazados o no tratados por la Cámara revisora”, dice Gil Domínguez. Y concluye en que Diputados no podría cambiar un texto no aprobado.
Del otro lado de la biblioteca aparece Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación. “Desde mi punto de vista, no se alcanza a dimensionar el sentido correcto del artículo 81 con un examen meramente textual. Lo que debe analizarse es si la parte rechazada es escindible del conjunto del proyecto. Cuando la parte rechazada no afecta la unidad del proyecto puede la cámara de origen insistir en su propuesta”, señala.
Para el constitucionalista Ramiro Álvarez Ugarte, la Cámara de Diputados podría rechazar los cambios que introdujo el Senado. “La Cámara de origen puede insistir sobre partes que el Congreso haya rechazado (el “rechazo” es una “corrección”). Una interpretación diferente a ésta bajaría mucho el precio de la ventaja de ser Cámara de origen”, precisó.
Por su parte, un diputado nacional del radicalismo y ex juez federal de Formosa, Fernando Carbajal, cree que Diputados no podrá meter mano en Ganancias y Bienes Personales.
“La Cámara de Diputados no puede insistir con la moratoria previsional, Ganancias ni Bienes Personales. Lo que el Senado rechazó quedó afuera. El sistema es bicameral, ambas cámaras deben aprobar. Lo rechazado queda afuera”, consignó.
“Ganancias se aprobó en general y se rechazó en particular por 41 votos a 31. Y Bienes Personales se aprobó en general y se rechazó en particular por 37 a 35. Ganancias y Bienes Personales fueron desechados por el Senado, no puede insistirse”, argumentó. Y completó: “No es lo mismo modificar o adicionar un texto, que un capítulo votado en contra por el Senado. La insistencia sólo opera cuando hay una aprobación con cambios, no cuando el Senado rechaza en forma expresa”.
Así, se abrió un debate en forma paralela al de la sanción de la ley que busca el Gobierno nacional.
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