La cantidad y el tipo de alimentos que el gobierno de Javier Milei informó tener acopiados en depósitos oficiales de la provincia de Buenos Aires y Tucumán no coinciden con los que encontró la Justicia cuando allanó esos galpones el fin de semana pasado.
Así trascendió ayer de fuentes judiciales que agregaron que el juez Sebastián Casanello detectó faltantes entre lo declarado y lo encontrado. Y que además se acumulan inconsistencias como la de una entrega supuestamente efectuada en Pinamar sin que exista un remito que respalde dicho despacho. También se encontró un remito sobre una entrega de alimentos que no se corresponde con el lugar al que habría sido enviado.
“Aparecen faltantes”, advertían ayer voceros judiciales y apoyaban esa advertencia en un informe de la División de Investigación contra la Corrupción de la Policía Federal que, por caso, solo encontró 18.640 unidades de leche en polvo de un kilo cuando lo informado había sido 30.240. En tanto que en otro lote había más que las declaradas: debía haber 229.034 y hay 11.600 más.
La investigación sigue su curso en medio de los cruces entre el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y el juez Casanello, que ordenó hacer un plan para repartir los alimentos, algunos con fecha de vencimiento cercana.
El Gobierno apeló la medida a través de Leila Gianni, la susecretaria de Legales del ministerio que ayer protagonizó una escandalosa audiencia judicial con el denunciante en la causa, Juan Grabois (Ver aparte).
Primer reparto
En medio de la polémica, camiones del Ejército comenzaron a repartir ayer parte de los alimentos almacenados en las provincias de Buenos Aires y Tucumán. Los primeros envíos, según se informó oficialmente, consistieron en 460.000 kilos de leche en polvo para distribuir en 22 comedores y merenderos pertenecientes a la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin), que firmó un convenio con el Gobierno por la mercadería acopiada que vence el mes próximo.
Pero “ni el rugir de los camiones colmados de alimentos para su entrega deben o pueden solapar lo que realmente acontece en este caso”, advirtió en un escrito oficial el fiscal de Cámara, José Luis Agüero Iturbe, quien respaldó la decisión de Casanello al ordenar que se trace un plan para distribuir la comida.
Agüero Iturbe aclaró también que el juez no está invadiendo un área del Poder Ejecutivo, como acusan en el Gobierno, y que tampoco pretende dictar una política pública, sino que lo que se investiga es “si acá hay delito” en busca de “la averiguación de la verdad y en virtud del cual se comprobó la existencia de los depósitos con mercaderías”. Para el representante del Ministerio Público, es además “evidente el intento” de la Casa Rosada “de correr el eje de la discusión”.
El fiscal se detuvo luego en las inconsistencias. Señaló, por ejemplo, que el Gobierno había dicho que en los depósitos había principalmente yerba mate y que, por el contrario, el 34,6% de mercadería en Villa Martelli, y el 40,7% en Tucumán, no es yerba mate.
Quienes deben resolver son los jueces de la Cámara Federal, Martín Irurzun, Eduardo Farah y Alberto Boico. Los mismos ante los que Grabois y Gianni se cruzaron ayer de manera furiosa.
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