En plena noche, la Policía misionera se acercó al campamento que trabajadores de la Educación y de la Salud mantienen sobre la Avenida Uruguay de Posadas. Los agentes fueron a una de las carpas donde estaban los referentes de la protesta y les leyeron un oficio. Las maestros ya estaban al tanto de lo que ocurría, porque los uniformados habían visitado antes los domicilios particulares de cada uno de ellos.
En la notificación judicial se les informó que están denunciados por daños a la Legislatura, producidos durante la marcha del 23 de mayo pasado. Y, además, que se les imponía una restricción perimetral para que no se acerquen al edificio.
“Ya fuimos dos veces a la Legislatura. En la última, se cayeron las vallas por la fuerza de la movilización. Y ahora resulta que 12 personas estamos imputadas por daños y perjuicios contra el Estado”, contó a la prensa metropolitana Mónica Gurina, la dirigente de CTA que recibió la notificación judicial leída por los policías.
El jueves 23, una marcha de docentes y trabajadores de salud llegó hasta la Legislatura. El cuerpo estaba sesionando. El edificio estaba bajo un operativo de seguridad impresionante. Había un cuádruple vallado. Detrás, esperaban policías uniformados y el cuerpo de operaciones especiales. La avanzada de los manifestantes logró correr las vallas y quedar cara a cara con la fuerza de seguridad en el pasillo externo, antes del ingreso a la Legislatura. No lograron entrar al edificio porque rápidamente los corrieron con gas.
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