Los dos hombres detenidos por replicar en redes sociales posteos de tono irónicos sobre el exgobernador de Jujuy Gerardo Morales y su esposa recuperarán su libertad al dictarse el cese de la prisión preventiva que padecieron los últimos 60 días en un penal de la capital provincial, informaron fuentes judiciales de esa provincia.
Se trata de Nahuel Morandini y Roque Villegas, quienes fueron detenidos entre el 4 y 5 de enero pasado, ambos imputados por replicar versiones que durante los últimos días de diciembre circularon en redes sociales y en diarios digitales locales sobre una supuesta infidelidad de la esposa del referente radical jujeño.
La justicia jujeña durante la investigación agravó la acusación por el artículo 139 inciso 2 del Código Penal de la Nación, que prevé de 2 a 6 años de prisión al que “por cualquier acto alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 años”, adjudicándole publicaciones que también involucraban a la hija del matrimonio Gerardo Morales-Tulia Snopek.
Milei, preocupado
Ayer el fiscal de la causa, Walter Rondón, requirió el cese de la detención preventiva que cumplían Morandini y Villegas en el penal del barrio Gorriti de la capital jujeña, luego de que el caso tomó repercusión nacional.
Previo a conocerse esta decisión, el presidente Javier Milei, a través del vocero Manuel Adorni, expresó su “preocupación” por la detención de estas dos personas que, ejerciendo el “uso de la libertad de expresión”, replicaron en redes sociales los posteos.
Durante la audiencia, la defensa de los acusados indicó que la querella integrada por el Consejo de la Mujer de Jujuy y la Secretaría de Niñez provincial “se opuso” al pedido de la fiscalía, pero el juez confirmó el cese de la prisión preventiva. Lucía Castro Olivera, esposa de Morandini, indicó “que no hay motivos para mantenerlos encarcelados”.
“Nosotros vamos a seguir luchando por el sobreseimiento, que es lo que debe suceder en esta causa escandalosa que intentaron armar para disciplinar a todos los jujeños y jujeñas”, completó. Para Castro Olivera, los acusados padecieron “una detención totalmente ilegal” y debido “al conocimiento público que tomo el caso accedieron al cese de prisión preventiva, pero siguen con la intención de condenarlos por delitos graves, aunque claramente no se le puede atribuir las acusaciones por haber compartido posteos en redes sociales”.
Sobre la investigación a una tercera acusada, la arquitecta Lucia González, que denunció su caso en medios de comunicación, el fiscal dijo que “se le atribuye el mismo delito por atentar contra el estado civil en la identidad de una persona menor de 10 años”.
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