“Yo estoy convencida de que cuando un proyecto de este tipo vuelve a comisión, no vuelve más al recinto. Ahora hay que ir por otro lado”, advirtió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pocas horas después de la caída de la Ley Ómnibus en el Congreso. Esas palabras siguieron a la arremetida del propio presidente, Javier Milei, quien a miles de kilómetros de Buenos Aires había acusado de “traidores” a los gobernadores y los legisladores que rechazaron la iniciativa oficial en la fallida sesión de Diputados (ver aparte). “¿Con qué voluntad se vuelve ahora al recinto? ¿Qué te van a clavar por la espalda?”, remató Bullrich y en esa frase con tono de pregunta resumió las sensaciones que por estas horas atraviesan al Gobierno. Sensaciones que van desde el enojo por la derrota y la resignación hasta la incertidumbre.
En medio de ese desconcierto, en la Casa Rosada son varios los que comparten los dichos de Bullrich y admiten que el proyecto de ley “está muerto”. No creen que el texto pueda volver a enviarse para ser tratado en comisión. Evalúan, entonces, otros caminos.
En ese sentido, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Carlos D’Alessandro adelantó: “Recibimos noticias desde el Ejecutivo de que no piensan enviar ninguna ley durante 2024, por lo cual entiendo personalmente que esta ley ómnibus va a ser retirada por el Ejecutivo”.
Por su parte, el jefe de bloque de LLA en Diputados, Oscar Zago, dijo que el Gobierno comunicará hoy cómo seguirá el tratamiento del proyecto y que se analiza dividir la iniciativa en varias otras.
La idea del plebiscito
Mientras, en el oficialismo no descartan la vía de la consulta popular, una estrategia deslizada por el Presidente en varias oportunidades. Aunque para que sea vinculante debería pasar por el Congreso, con todo lo que ello implica tras la votación que el martes expuso la debilidad del oficialismo. Si no es vinculante, solo servirá para saber la decisión de la sociedad sobre un megaproyecto que la gran mayoría desconoce.
Incluso en Balcarce 50 hay quienes aceptan que el único objetivo de convocar a un plebiscito sería volver exponer a los diputados que votaron en contra. Es decir, apuntar de nuevo contra los legisladores de la oposición dialoguista que el Gobierno, en una extensa lista publicada en redes sociales, identificó como “traidores” (ver aparte). Aparecían allí radicales como Martín Tetaz y Facundo Manes y hasta la excandidata de Milei a la Gobernación, Carolina Píparo, quienes ayer salieron a cuestionar con dureza la avanzada de la Rosada.
El plan oficial, por estas horas, es deslindar toda la responsabilidad en los legisladores y gobernadores opositores. En ese esquema, el llamado a una consulta popular es una estrategia que, si bien puede resultar compleja, cobra cada vez más fuerza. Tanto que en el Gobierno aseguran que todavía la analizan y no la descartan. Es en ese virtual plebiscito donde el Presidente se abraza a la idea de una victoria contra los legisladores a los que llamó “traidores”. Son los mismos que, en este clima de tensión, serán clave para aportar a la gobernabilidad de una fuerza que lejos está de llegar al quórum propio tanto en Diputados como en el Senado.
Si ya antes del malogrado debate la relación entre oficialistas y opositores pendía de un hilo, tras la sesión del martes ese escenario se agudizó. Cuentan que cuando el Presidente se enteró de que no le habían votado las facultades delegadas, llamó furioso desde Israel y pidió devolver el proyecto a comisión. Fue lo que ocurrió. Los opositores dialoguistas que no acompañaron la medida advirtieron que ya le habían anticipado a la Rosada que, al cabo de días de infructuosas negociaciones, ese acuerdo no estaba cerrado.
Pese al fracaso parlamentario, en el oficialismo le rehuían a cualquier autocrítica y en cambio parecían decididos a diferenciar entre amigos y traidores. Alumbró así una nueva grieta: la del Gobierno contra la oposición dialoguista y una importante mayoría de gobernadores. Entre los gobernadores apuntados aparecen Martín Llaryora (Córdoba), Rolando Figueroa (Neuquén), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy). En la mira están también los radicales cercanos a Manes y los integrantes de Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Pichetto, quien votó con el Gobierno.
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