Con fundamento en una supuesta maniobra de espionaje ilegal, el juez federal Sebastián Ramos anuló la causa que investigaba un viaje de jueces, exfuncionarios y empresarios a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido y sobreseyó a todos los que estaban imputados en el expediente.
La decisión de Ramos fue en favor de sus colegas Julián Ercolini (juez federal de Comodoro Py), Carlos Mahiques (camarista de la Casación Federal, el máximo tribunal penal), Pablo Yadarola (juez en el penal económico) y Pablo Cayssials (del fuero en lo contencioso administrativo); también del fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; del exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro; del exagente de la AFI Leonardo Bergoth, de Tomás Reinke y de los directivos del Grupo Clarín Pablo Cassey y Jorge Rendo.
Si el fiscal del caso, Ramiro González, no lo apela la semana próxima, el caso quedará cerrado definitivamente.
El expediente se había iniciado en la Justicia de Bariloche y el principal impulso provino del kirchnerismo. Pero luego, por pedido del juez Yadarola -uno de los involucrados-, el caso pasó a los tribunales de Comodoro Py tras una decisión de la Cámara Federal.
El caso conocido como Lago Escondido tuvo su primera instrucción judicial en octubre del 2022. La divulgación de las conversaciones privadas de quienes viajaron expuso el caso públicamente. Esas comunicaciones fueron obtenidas a través de una maniobra de espionaje ilegal, tal como admitió el expresidente Alberto Fernández cuando hizo una cadena nacional para denunciar la situación.
El celular hackeado fue el de Marcelo D’Alessandro, a través de la duplicación de la tarjeta SIM. En aquella oportunidad el exfuncionario de la Ciudad denunció la maniobra ilegal y la manipulación como adulteración de los mensajes.
Al analizar el caso, el juez Sebastián Ramos sostuvo: “La cuestión que trasunta esta investigación vuelve a dejar al descubierto un complejo entramado de prácticas que deben ser analizadas estrictamente bajo la órbita de la protección de las garantías constitucionales”.
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