La discusión por la Ley de Alquileres entró en una nueva etapa. El kirchnerismo avanza en acuerdos con la tranquilidad de tener el número necesario para aprobar modificaciones al proyecto de ley que llegó con media sanción de la Cámara de Diputados, pero buscan sumar la mayor cantidad de voluntades para evitar el rechazo en la Cámara baja.
El Frente de Todos cuenta con el apoyo de al menos cuatro de los cinco miembros del bloque de Unidad Federal. Además, se suman senadores que tienen unibloques, como el rionegrino Alberto Weretilneck, la misionera Magdalena Solari Quintana, y la riojana Clara Vega.
Sin embargo, el dato más importante del día es la intensificación de los contactos entre el kirchnerismo y el radicalismo para avanzar en conjunto en la aprobación de las modificaciones. “Se está conversando”, reconoció un legislador del bloque que comanda Luis Naidenoff. “Se busca una mayoría especial y estamos en conversaciones con un sector de Juntos por el Cambio”, señaló una fuente del oficialismo. La necesidad del acuerdo se relaciona con la forma en que se podría votar el proyecto en el Senado. El kirchnerismo cuenta con los 37 senadores necesarios para tener una mayoría simple, pero existe la posibilidad de que Juntos por el Cambio rechace las modificaciones y apruebe el proyecto original en Diputados.
Por lo tanto, las conversaciones apuntan a sumar a los 18 senadores de la UCR con el fin de alcanzar los dos tercios que le darían una mayoría especial y bloquear así a Juntos por el Cambio en la Cámara baja. Esto sería difícil de lograr, pero es un objetivo.
Las conversaciones entre los sectores son constantes, pero suceden en medio de la campaña electoral, lo que dificulta las posibilidades de alcanzar un acuerdo. “Si no es ahora, será después de octubre”, ejemplificó una fuente de JxC que participa en las conversaciones con el Frente de Todos.
En estas negociaciones, el kirchnerismo está dispuesto a respetar el proyecto con media sanción, reduciendo los plazos de los contratos de alquileres de tres a dos años y ceder en el plazo de actualización, bajándolo de seis meses a cuatro meses, informó ayer David Cayón en Infobae.
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