El Estado argentino pidió disculpas por los femicidios de Florencia Albornoz y Analía Aros, como cierre de un proceso que iniciaron sus familiares ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas (ONU), en un acto que “sienta un precedente” en el mundo al reconocer la responsabilidad estatal y otorgar una reparación integral en memoria de las víctimas.
“Me emociona que por fin, después de tanta lucha, hayamos sido reconocidas. Para mí lo más importante es las disculpas y todo lo que viene. Es un precedente para las demás familias que pueden estar en el mismo lugar que yo. Y que mi hija no va a ser olvidada”, compartió Ana Soto, la mamá de Analía Aros.
El salón Puiggros del Archivo Nacional de la Memoria, ubicado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (exedificio Esma), en el barrio porteño de Núñez, nucleó a familiares de víctimas de femicidas y representantes del Estado para firmar un acuerdo de solución amistosa, en un acto donde hubo abrazos, emoción y voces firmes que buscan la “no repetición de estos hechos”.
El evento tuvo lugar al mediodía con la participación del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; y la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; entre otros funcionarios.
La firma de los acuerdos fue entre las familias, sus representantes legales, el secretario Pietragalla Corti y el director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Javier Salgado.
“Con la firma de estos acuerdos, el Estado reconoce su responsabilidad internacional porque no se tomaron medidas adecuadas para evitar que los femicidios de Florencia y de Analía sucedieran, cuando existían claras denuncias previas de las víctimas”, dijo Pietragalla Corti.
Florencia Albornoz tenía 22 años y dos hijos menores de edad cuando fue asesinada en 2010 por su expareja y agente de la Policía Bonaerense Miguel Ángel Mazó, quien hizo uso su arma reglamentaria para matarla, a pesar de que existía una restricción perimetral ya que la víctima había denunciado infructuosamente a su agresor durante dos años.
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