Ante la explosión del narcotráfico y los secuestros extorsivos organizados desde las cárceles, como se verifica en la crisis de seguridad que afronta Rosario, la Procuración General de la Nación exhortó al Gobierno a que extreme los recaudos para erradicar la utilización de teléfonos celulares en los penales federales y solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, que coordine una política entre los diversos poderes del Estado para atacar el problema.
Los fiscales le pidieron al ministro de Justicia, Martín Soria, de quien dependen las cárceles federales, que “de manera urgente”, y por su intermedio, todos los organismos de la administración pública nacional “extremen las medidas” para evitar el uso de celulares en los penales de máxima seguridad, que están prohibidos, colocar inhibidores de señales en los pabellones, “evitar los diversos factores que facilitan o promueven este tipo de maniobras” y evitar las consecuencias que estas conductas tienen sobre las causas en trámite y los jueces, fiscales, funcionarios, víctimas y testigos que son amenazados por los narcotraficantes.
Así se resolvió al término de la reunión de la mesa de cárceles de la Procuración, de la que participaron fiscales federales especializados en drogas, antisecuestros y que investigan corrupción administrativa de funcionarios, entre ellos los integrantes del Servicio Penitenciario.
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