Peronistas opositores solicitaron anular el juicio a la Corte Suprema

El discurso de Alberto Fernández generó fuerte rechazo en la oposición que cuestionó la centralidad de la agenda judicial en las prioridades del Gobierno. Por otro lado, para la oposición las críticas que manifestó el Presidente contra los miembros de la Corte Suprema también invalidan parte de la investigación que lleva adelante la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados.

El presidente del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, presentó ayer una solicitud ante la Comisión de Juicio Político para que se declare nulo el expediente 6905-D-2022, impulsado por el oficialista Eduardo Valdés, contra los cuatro miembros de la Corte por el caso de los fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires.

La presentación, que Rodríguez elaboró junto a su compañera de bancada Graciela Camaño, plantea que el discurso del Presidente llevó a cabo una “interferencia ilegal” en el trámite que lleva adelante la comisión encabezada por Carolina Gaillard.

“El Presidente de la Nación pudo haber participado como testigo en el juicio político, pero el Frente de Todos no lo permitió. Ahora no puede usar su investidura y su rol frente al Congreso para imponer su criterio y direccionar un resultado”, explicó Rodríguez, según recogió ayer un informe de Federico Millenaar en Infobae.

Y agregó: “La Comisión de Juicio Político tiene un reglamento y es el Congreso quien lleva adelante el proceso. El Presidente, que fue el primer impulsor de este juicio político para voltear a la Corte, no puede ahora pretender ser Juez ni determinar lo que solo el Congreso debe decidir”.

Sobre el final del discurso de apertura de sesiones ordinarias, el Presidente aseguró que “la intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible”.

“Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce ‘cuestiones políticas no judiciales’ y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas”, continuó.

También afirmó que “los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cual es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina”.

Para el Interbloque Federal, “ha venido a quedar claro, que aquello que se presentaba como un genuino acto institucional de control no era, no es, ni representa otra cosa que un aparatoso y fraudulento artilugio montado para intentar ocultar una injerencia e interferencia del Poder Ejecutivo, desde este último y valiéndose ahora de otro Poder Independiente. Y ello, dicho sin eufemismos, para perpetrar en definitiva a una lisa y llana persecución contra la cabeza de otro Poder del Estado, el Judicial, y aún contra ese mismo Poder”.

Alejandro “Topo” Rodríguez es el único integrante de la Comisión de Juicio Político que no pertenece ni al Frente de Todos ni a Juntos por el Cambio. Cerca del diputado reconocieron que el pedido de nulidad tiene pocas probabilidades de avanzar dado que hasta ahora el Frente de Todos no dudó en imponer su mayoría propia en todas las votaciones.

Mientras tanto, el oficialismo avanza en su investigación y citó como testigos para el martes que viene al fiscal Carlos Stornelli, para que detalle los motivos por los que pidió el cierre de la causa iniciada a raíz de los presuntos chats filtrados que se enviaban Silvio Robles, secretario del titular de la Corte Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia Marcelo D’Alessandro.