El Ejecutivo ofreció avales por US$200 millones para la compra de gas a Bolivia
La medida se formalizó por medio de un DNU y se encuadra en un contrato de compraventa firmado en 2006.
El Gobierno otorgó avales del Tesoro Nacional a la empresa Enarsa para la adquisición de gas natural desde Boliviab, por un monto máximo de US$ 200 millones. La decisión se formalizó por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este martes en el Boletín Oficial.
Las Secretarías de Energía y de Hacienda fueron autorizadas a llevar adelante los actos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto.
El Poder Ejecutivo recordó que en el marco del Contrato de Compraventa de Gas Natural suscripto el 19 de octubre de 2006 entre Enarsa y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la compañía estatal argentina está obligada a otorgar y mantener vigente una Carta de Crédito Stand By a favor de la firma del país vecino, que garantice el pago de los volúmenes de gas natural inyectados por ésta.
En consecuencia, a los fines de efectivizar el otorgamiento de la Carta de Crédito, el Estado Nacional debe emitir avales del Tesoro por las operaciones de crédito público a favor de Enarsa.
Los avales del Tesoro Nacional permitieron establecer un plazo de vencimiento para el pago de las facturas a YPFB en el orden de los 45 días corridos contados desde la finalización del mes o período correspondiente a cada factura, puntualizó el DNU.
Y añadió que Enarsa solicitó el reemplazo del aval del Tesoro Nacional extendido en los términos del Decreto N° 389/21, cuya vigencia finalizó el 30 de septiembre de 2022.
"El aval solicitado permitirá a Enarsa gestionar una nueva Carta de Crédito con el fin de mantener las garantías exigidas en el Contrato de Compraventa de Gas Natural", de acuerdo con el texto oficial.
El Gobierno señaló además que en atención a la finalización de la vigencia de los avales extendidos por el Decreto N° 389/21, es preciso otorgar otros por medio de un nuevo DNU.
"La urgente implementación de la presente medida torna imposible la observancia de los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes", justificó.