Hay un detrás de escena del consenso oficial que rodearía al ajuste fiscal que Sergio Massa busca ejecutar para ordenar las cuentas públicas con el aval de una significativa parte del denominado “círculo rojo”. Es que el freno a la transferencia de partidas ya provoca conflictos en áreas como Transporte y Justicia y puso en guardia a la Liga de Gobernadores peronistas que temen menores recursos, presionan por un mejor reparto en el Presupuesto 2023 y alertan que el principal problema sigue siendo la inflación.
No plantean mejorar la recaudación en sus jurisdicciones o reducir gastos, proponen que el Estado nacional les dé más dinero para lo que se debe recurrir a más emisión y mayor inflación.
Otros actores con peso dentro del oficialismo, como los gremios, vienen de realizar una demostración de fuerza con la masiva marcha al Congreso y mañana volverán a juntarse en Trabajo para definir una actualización del salario mínimo. Mientras rechazan una generalización del pago de las sumas fijas –sólo aceptarían ese mecanismo para resarcir a los trabajadores más postergados-, no ocultan su descontento por la falta de respuesta oficial por los recursos de las obras sociales.
El reacomodamiento del Ejecutivo modificó las negociaciones que emisarios de la central de calle Azopardo, como José Luis Lingieri, venían realizando en Casa Rosada con funcionarios como Juan Manuel Olmos -en las últimas semanas fue ascendido a vicejefe de Gabinete- y ahora difícilmente el Estado pueda hacerse cargo de los $20 mil millones que demanda la cobertura de la discapacidad (educación y transporte).
Si bien el Gobierno podría acercar una “propuesta equilibrada” es poco probable que cumpla con las expectativas de los jefes gremiales, que también piden actualizar los fondos del sistema de reintegro que reciben todos los meses de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Malestar
Durante la movilización del pasado miércoles en el gremio de Judiciales nacionales, por caso, tampoco ocultaban su malestar con el jefe de gabinete, Juan Manzur, a quien acusaban de “pisar” las partidas que tenía comprometidas la Corte Suprema para poder cumplimentar la paritaria acordada semanas atrás.
También empresarios como los propietarios de colectivos que recorren el Área Metropolitana Buenos Aires -AMBA- comenzaron a restringir las frecuencias nocturnas porque el ministerio de Transporte, a cargo del massista Alexis Guerrera, no cumplió con el pago de los subsidios. La compensación oficial por el costo de los boletos también ha despertado la ira de muchos gobernadores que denuncian una “discriminación” en sus distritos en los aportes del Estado federal. En el interior el pasaje es más caro y, aun así, las empresas requieren la asistencia de las gobernaciones para poder pagar sueldos.
Por tercera vez en últimos dos meses, los caciques provinciales del PJ se reunieron y dejaron un mensaje a Alberto Fernández y al empoderado timonel de Economía: son “cinco puntos”, con los que reclaman un presupuesto que proteja “las economías familiares” y no ponga en riesgo la inversión.
Hubo, asimismo, un mensaje al Presidente en ocasión de reunirse el Consejo de la Hidrovía: con Jorge Capitanich como abanderado, presionan por más obras y quieren ungir al sucesor de Ariel Sujarchuk –hoy en el equipo económico- al frente del Ente que administra la autopista fluvial por donde pasa el 80% de las exportaciones. Ese organismo, además, debe terminar la demorada licitación internacional para la futura operación del servicio. Los mandatarios más cercanos al kirchnerismo, como el propio chaqueño o Axel Kicillof, pretenden que siga en manos del Estado.
El congelamiento de la planta gubernamental impulsado por Hacienda fue ampliado a las empresas con participación estatal: un reciente relevamiento detectó que cinco de estas firmas cuentan con una dotación de personal mayor a la sugerida, como la YPF administrada por La Cámpora. En el Ejecutivo prefieren evitar chispazos en momentos en que la interna se ha apaciguado y justifican que la petrolera es “superavitaria”.
Las dudas
A diferencia de Martín Guzmán, Massa pudo hacer prevalecer el leit motiv del ordenamiento fiscal, no tanto por su poder de seducción, sino más bien por el temor a un ahondamiento de la crisis. El líder del Frente Renovador es el protagonista de “este tramo” de la administración: si bien se lleva todas las luces, como se pudo ver en su disertación en el Consejo de las Américas, persisten las dudas sobre si podrá avanzar con las reformas necesarias en caso de que logre “estabilizar” la economía.
Es el mismo interrogante que comparten muchos de los ejecutivos de las multinacionales que se dieron cita en un lujoso hotel de Recoleta y más de un funcionario que acompaña a un Presidente hoy ocupado en garantizar la unidad del FdT. “No sabemos cómo va a actuar Cristina si pasa la emergencia porque, en el fondo, no entiende que las condiciones del país no son las que había hace diez años”, destacó una fuente cercana al jefe de Estado.
Es que la Vice siempre vuelve, dicen en la Casa Rosada, a su propio relato, el de la “Década ganada” con la que se despidió del poder con el salario mínimo más alto en dólares en toda Latinoamérica. Lo que no dice es que se llegó a ese indicador fruto de un brutal atraso cambiario. Hoy en CABA una familia tipo (sin alquilar) necesita casi $174 mil para ser considerada de “clase media”. El desacople entre esas dos realidades es el que preanuncia futuras tensiones en el FdT.
También en el entorno presidencial hay temor por la situación judicial de la Vicepresidenta: temen que haya desbordes cuando, seguro, una multitud se vuelva a juntar en Comodoro Py para presenciar la lectura de la sentencia del tribunal que la juzga por el presunto direccionamiento de la obra pública.
Desde hace semanas se observan en el GBA pintadas callejeras con la amenazante leyenda: “Jueces macristas no jodan con Cristina”.
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