El Gobierno no puede revertir la desconfianza del mercado y teme un desborde inflacionario

Fue la peor semana que vivió el oficialismo en lo que va de mandato, similar a la que siguió a aquel domingo de septiembre en la que perdió las PASO en las elecciones legislativas. Pero de no cambiar la deriva en la que se encuentra el Frente de Todos, el escenario para los próximos meses podría ser aún más dramático, con más inflación y pobreza y, por ende, con mayor conflicto social en las calles.

La incertidumbre en torno al rumbo económico del Gobierno fue la que sembró en las últimas horas rumores sobre cambios de gabinete -nuevamente la posible llegada de Sergio Massa a la jefatura de ministros ha sonado fuerte- y de medidas cambiarias que posibiliten una calma en el mercado e incentiven una mayor liquidación de dólares del campo (el denominado “dólar soja”).

La presión sobre el agro viene generando una gran polémica hacia dentro de la coalición oficial que incluso llevó al gobernador santafesino Omar Perotti a minimizar la embestida sobre el sector que efectuó Alberto Fernández el pasado viernes, cuando acusó a los productores de especular guardando sus granos en silobolsas por un valor de unos US$ 20 mil millones. Pero el campo rechazó esas acusaciones y aseguró que el ritmo de venta es el habitual para este periodo. Lo cierto es que en el mismo peronismo muchos dirigentes no ocultan que consideran inconducente agredir al sector más dinámico de la economía argentina.

Liquidación

Según la consultora del economista Esteban Domecq, fue récord la liquidación del sector agroexportador durante el primer semestre con US$ 19.100 millones, superando incluso en 15% al último gran registro, del mismo período de 2021. El problema, se sabe, ha sido la salida de divisas por los pagos por la importación de energía. Crónica de una crisis anunciada, ya en febrero pasado, cuando los tambores de la guerra en Ucrania comenzaban a sonar.

En este marco, la incertidumbre del mercado, protagonizada por distintos sectores sociales, disparó en la semana las cotizaciones de los dólares, el “blue” subió casi $100 desde que renunció Martín Guzmán hace ya tres semanas, y provocó una sensación de inestabilidad que conmociona a todo el oficialismo.

El intento del Ejecutivo por blindar “con política” a la ministra Silvina Batakis no logró calmar a los inversores. Pocos gobernadores visitaron el Palacio de Hacienda en las reuniones que armó Jefatura de Gabinete. También primó el desconcierto entre los intendentes del Conurbano que la visitaron el último miércoles. “Esto no se soluciona con un cambio de nombres. Algo tiene que pasar, así no llegamos a 2023”, indicó un jefe comunal, escéptico con la flamante gestión de Hacienda y que comparte con otros dirigentes los riesgos para la “institucionalidad” que conlleva la actual crisis. 

Gestos

Lo cierto es que Batakis aterrizará hoy en Washington para reunirse con funcionarios del Departamento del Tesoro y con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. El objetivo es dar credibilidad a su proclamado plan de austeridad y al cumplimiento de las metas que acordó Argentina con el staff del Fondo.

Son gestos hacia el establishment como el realizado días atrás con la publicación en el Boletín Oficial del congelamiento al ingreso al Estado que, por otro lado, no anula los casi 11 mil pases a planta permanente a los que se comprometió a realizar el Ejecutivo con los gremios en los próximos meses.

El Gobierno se encuentra en estado deliberativo sobre la conveniencia de dar o no señales a un mercado convulsionado. Aunque en la mesa chica del Presidente hay coincidencia en respaldar la política austeridad fiscal, hay “preocupación en lo político” por los efectos sobre la actividad de un achicamiento del gasto.

Es decir, hay temor a que dichas políticas despierten a Cristina Kirchner de su letargo epistolar o logren endurecer las protestas callejeras de dirigentes como Juan Grabois que, presionando por el salario universal, no dudó en afirmar que estaba dispuesto a “dejar la sangre” para que el Estado se ocupe de los más vulnerables.

El amigo del Papa también alertó que, en caso de no haber una reacción oficial ante el crecimiento de la pobreza, podría haber saqueos. Un dirigente opositor aconsejó “cortar de raíz” cualquier intento desestabilizador porque “si bien los dirigentes sociales buscan visibilidad yendo a los supermercados, se le suman lúmpenes y todo se puede ir al diablo”.

Mientras, la CGT confirmó la marcha del 17 de agosto en protesta “contra toda la clase política” en lo que pareció un ardid discursivo para evitar criticar al Gobierno, con el que negocia los fondos de las obras sociales y la cobertura de la Discapacidad. En los gremios advierten que, como consecuencia del encarecimiento del costo de vida, en los últimos meses 150 mil personas volvieron a las obras sociales al no poder pagar sus prepagas.

El silencio estratégico de la Vicepresidenta en torno a la figura de Batakis quizás se pueda explicar por el temor al agravamiento de la crisis. En las últimas la senadora ultra K, Juliana Di Tullio, deslizó un apoyo a la titular del Palacio de Hacienda pero sentenció que la crisis demanda recetas del manual de la “Década Ganada”: aplicación de ley de Abastecimiento y sanción de la emergencia económica y alimentaria.

Sorprendió el llamado al diálogo con la oposición que se produjo en medio del descalabro financiero que, a la postre, fue rechazado por una oposición que lo calificó como un globo de ensayo apurado por el terror al abismo. Sin embargo, hay dirigentes como Wado de Pedro que aseguran que debería haber una “renovación dirigencial” que permita saltar la grieta en busca de consensos básicos. Todo un desafío.

Mientras, la Vice sigue su batalla contra la Corte Suprema ante el temor que el cambio de viento político en la Justicia, agrave su situación procesal en varios expedientes. “Tiene la paranoia de que si cae el Gobierno, puede ir presa. Pero nadie imagina eso”, concluyó un dirigente radical consultado.