La investigación por el avión sospechoso tripulado por 14 venezolanos y cinco iraníes ya ocupa 11 cuerpos (de 200 hojas cada uno) de una causa judicial por averiguación de terrorismo donde se realizaron más de 40 medidas, que permitieron reunir indicios, aunque no elementos de prueba como para indagar a los aviadores y acusarlos formalmente de un delito. La mirada se volvió a posar sobre la aeronave en coincidencia con el 28º aniversario del ataque a la Amia. Las organizaciones de la comunidad judía creen que nada cambió en el ámbito de la prevención de inteligencia y legislación para evitar un nuevo atentado terrorista, luego de los dos sufridos por la Argentina.
El aparato, un Boeing 747 de la empresa Emtrasur, lleva en Ezeiza un mes y diez días, desde el 6 de junio. Hoy está secuestrado. Sus tripulantes tienen retenidos sus pasaportes y están inhabilitados para salir del país. Pero están en limbo judicial, que no se puede extender eternamente. El juez federal Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona esperan tener respuestas a los exhortos internacionales y completar el análisis del contenido de los 40 aparatos electrónicos secuestrados a los tripulantes para tomar una decisión con respecto a la aeronave y si hay elementos para indagar a los tripulantes.
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