Las sociedades rurales de la Región rechazaron enérgicamente una disposición de Senasa
Se trata de una modificación para la habilitación del transporte de animales de pie. Las entidades de Pergamino, Rojas, Salto y Colón, junto a otras, amenazaron con un "inminente cese de toda producción".
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) busca eliminar el transporte ilegal o clandestino de animales y para conseguir su propósito puso el ojo en el transporte y la habilitación para transitar.
El organismo busca verificar que el transporte de animales tenga la habilitación correspondiente. Para ello, implementará la carga del vehículo en Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) y en base a la habilitación emitirá o no el documento para transitar.
De esta manera, el Senasa busca que quienes realicen la actividad mantengan vigente la habilitación y aseguren las condiciones estructurales e higiénico-sanitarias del vehículo y el bienestar animal.
“Del 21 junio hasta el 23 de julio de este año, los autogestores que tramiten la emisión del Documento de Tránsito electrónico (DT-e) a través del Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), deberán registrar el dominio del transporte que realizará el traslado de los animales”, informó el Senasa.
Esta nueva disposición provocó el rechazo enérgico de las sociedades rurales y asociaciones agrarias de la Región. Estas emitieron un comunicado en conjunto que tiene la firma, entre otros, de la Sociedad Rural Pergamino (SRP), Sociedad Rural Rojas (SRR), Sociedad Rural Colón (SRC) y la Asosiación de Productores Agropecuarios de Salto.
En la misiva sostienen: "La ineptitud de Senasa para ejercer controles en el movimiento de hacienda ha transferido la responsabilidad a los particulares dadores de carga de controlar que los transportes contratados cumplan todas las normas vigentes. En el caso que el equipo transportista que se contrate no las cumpla, se sanciona al productor dador de carga como MOVIMIENTO NO PERMITIDO y la no obtención del Documento de Tránsito Electrónico".
Las entidades agrarias consideran que esa función no es deber de los productores agrarios porque de esta manera se convertirían en "agentes policiales del Estado". Sostuvieron que tal disposición merece un fuerte rechazo del sector a través de "un inminente cese de toda la producción".