A pesar de la sequía, el Estado se quedará con el 60% de lo que genere la soja

Mientras la sequía hace estragos en Pergamino y la región, con una caída en la cosecha de soja del 42% respecto al ciclo anterior -la cifra más baja desde la campaña 2000/2001-, un informe privado advierte que el Estado percibe un 60% de la renta generada por el cultivo, situación que impacta sobre todo en quienes alquilan campos.

El productor agropecuario, ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y ex secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet, elaboró un informe en base a dos escenarios. Por un lado, quienes llevaron adelante la siembra de soja en campos alquilados, con un costo de arrendamiento que oscila entre 6 a 18 quintales por hectárea. “Esto representa en el país un 60% de la superficie cultivada de soja”, señaló. 

El cálculo se realizó en base a un campo alquilado, con un rinde promedio de 20 qq/ha, que es el estimado para este ciclo por las bolsas de cereales. Con este nivel de productividad y a valores actuales, el ingreso bruto de estos productos es de U$S1100. De esta cifra, el Estado se queda con U$S 363 en concepto de derechos de exportación. Agregando el resto de los tributos -como Impuestos al Cheque, Ingresos Brutos y Ganancias– el Gobierno se lleva el 64,9% de la renta generada por el agricultor, unos U$S 713,8 por hectárea. La cuenta es por demás dura: por cada hectárea, el productor perderá U$S 360,1.

Desde diferentes entidades afirman que la emergencia no sirve para nada, ya que no da ningún beneficio, no exime de ningún impuesto, ni municipales, ni provinciales, solo otorga una prórroga, pero hay que pagar todo junto dentro de tres meses. “El estado es socio en las ganancias, pero no en las pérdidas. El que coseche algo, el Estado igual te saca el 60%, independientemente de que hayas perdido plata, esa es la realidad y es lo que pasa, hoy, con la carga fiscal que tiene el sector agropecuario. El daño de la sequía está hecho y la sequía es irreversible”, revelaron. 

“El resultado final es que el Estado se queda con casi el 65% de los dólares que ingresan por una hectárea de soja mientras el productor que invierte, alquila campo y siembra pierde el 32% de su inversión”, advirtió.

En el caso del campo propio, el Gobierno percibirá -sobre el mencionado ingreso de U$S 1100 por hectárea- unos U$S 563,7. Esta cifra representa el 51,2% de su rentabilidad. “El productor invirtió en su campo 558,87 U$S/ha, de los cuales recupera 525,29 U$S/ha teniendo una pérdida de 33,48 U$S/ha”, señaló.

A diferencia de las bolsas privadas, Roulet estimó que la cosecha de soja finalizará en 29 millones de toneladas. En base a ese número, calculó que la cadena de valor de la oleaginosa generará un ingreso de divisas por U$S 16.390 millones. De esta cifra, el Estado percibirá U$S 9.741 millones, que representa un 59,4% de los ingresos. En costos directos, como insumos y servicios, los productores desembolsarán U$S 6.100 millones, mientras que los indirectos (cosecha, flete y comercialización), insumirán U%S 2.229 millones.

Emergencia en la Provincia

El Ministerio de Economía declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en la provincia de Buenos Aires, como consecuencia de la sequía. Según lo dispuesto en la Resolución 317/2023, publicada, ayer, en el Boletín Oficial, la medida tiene vigencia entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2022 en el partido de Florentino Ameghino.

También desde el 1 de junio de 2022, pero hasta el 31 de marzo de este año, en los partidos de Leandro N. Alem, Castelli, Marcos Paz, Saavedra y Laprida. Desde el 1° de agosto de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, en el partido de Guaminí; desde el 1° de septiembre de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023 en los partidos de Balcarce y General Belgrano y desde el 1° de octubre de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, en los partidos de General Madariaga, La Plata, Pila, General Las Heras, San Antonio de Areco y Lezama.

Luego, desde el 1° de noviembre de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023 en los partidos de General Lamadrid, Carlos Tejedor y Pergamino, desde el 1° de diciembre de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023 en los partidos de Cañuelas, Campana, Las Flores y General Rodríguez.

Asimismo, Economía dispuso que a los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509, se da por declarado y/o prorrogado, en la provincia de Buenos Aires, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, a las explotaciones agropecuarias afectadas por sequía, desde el 1° de enero de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2023 en los partidos de San Pedro, Rojas, Salto, Ramallo, Junín, Arrecifes, Alberti, Chascomús, Suipacha, Dolores, Lobos, San Vicente, Magdalena, Luján, General Paz, Ayacucho, Bragado, Monte, Maipú, Lincoln, Baradero, Punta Indio, Chivilcoy, General Arenales, Roque Pérez, San Nicolás, San Andrés de Giles, Mercedes, Brandsen, Rauch, Exaltación de la Cruz, Carmen de Areco, General Viamonte, Capitán Sarmiento, General Guido, Chacabuco, Navarro, Colón, Tordillo y Tandil.

El Palacio de Hacienda explicó que el 31 de marzo de 2023 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones agropecuarias afectadas de las áreas declaradas en la Resolución.

A la vez, recordó que a los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda esa Ley, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos.

Por su parte, las instituciones bancarias nacionales, oficiales mixtas y la AFIP arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios gocen de los beneficios previstos en la Ley.

Marcha a Capital

La Federación Agraria Argentina (FAA) anticipó que realizará una movilización en la Ciudad de Buenos Aires para plantear sus "urgencias, necesidades y exigencias" en medio de la complicada situación del campo por la sequía.

La entidad presidida por Carlos Achetoni planea una marcha que saldría desde Rosario, con fecha a definir la semana próxima. Ante la histórica sequía y "la ausencia de políticas agropecuarias firmes y concretas", la Federación Agraria decidió llevar sus reclamos a la Casa Rosada, el Ministerio de Economía y el Congreso.

La intención de la FAA es sumar a sus pares de la Mesa de Enlace para darle más fuerza al reclamo: habrá que ver qué deciden las cúpulas de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Coninagro. Tras la reunión de ayer del Consejo Directivo Central de la FAA, se decidió una visita a los tres puntos neurálgicos del poder para obtener mayor visibilidad en sus reclamos tras "sentirse sin ayuda y desolados frente a la sequía".

"En el marco de una emergencia climática histórica y agobiante, que se profundiza cada día y ante la constante ausencia de ayuda real del Estado Nacional para salvar productores en jaque, se decidió llevar en corto tiempo las urgencias, necesidades y exigencias al Congreso de la Nación, al Ministerio de Economía y a la Casa de Gobierno", indica el comunicado. 

A su vez, hacen extensiva la invitación a acompañar la medida a los pequeños y medianos productores del país. "Una vez que se establezca la fecha de la acción, en los próximos días, pretendemos llegar a los representantes desde distintas producciones y regiones del país, para que todos los productores puedan acompañarnos a los distintos estamentos políticos y gubernamentales", cierra el texto difundido.

En declaraciones radiales, el vicepresidente de la Federación Agraria, Marcelo Bianchi, señaló que la medida fue resuelta debido a que "la situación no da para más y el productor no puede seguir de esta forma sin tener ninguna ayuda concreta del Gobierno Nacional, ni ningún respiro de la AFIP y son cosas fundamentales que se están pidiendo hace demasiado tiempo". 

Entre otras cuestiones, el dirigente agrario remarcó que se invita a otros sectores productivos vinculados con el campo para que se sumen, "como acompañó en Villa Constitución", y a los demás participantes de la Mesa de enlace. "No pretendemos que sea una movilización amplia, pero queremos que la gente visibilice este problema y en Capital es donde podemos hacerlo", agregó.

Proyecciones a la baja

El campo atraviesa una de las sequías más importante de los últimos 25 años y todas las previsiones indican que seguirá agravándose. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires difundió la semana pasada las nuevas estimaciones de producción de soja y maíz para el ciclo 2022/2023. Según las proyecciones se prevé que la cosecha de soja sea de 25 millones de toneladas, una caída del 42% respecto al ciclo anterior y la cifra más baja desde la campaña 2000/2001.

En la misma línea, la Bolsa de Comercio de Rosario también había bajado considerablemente sus estimaciones en soja a 27 millones de toneladas. La Bolsa rosarina calculó que sólo en los cultivos de soja, trigo y maíz, que constituyen el 87% de la producción de granos en Argentina y el 43% de las exportaciones totales del país, las pérdidas superan los US$ 14.140 millones.

Según lo informado por la entidad, esto equivale al costo total de sembrar la próxima cosecha 2023/24 para el productor agropecuario. Pero la menor producción, afecta también a otras actividades asociadas. Si se le suma la menor demanda de fletes, mano de obra y servicios financieros, las pérdidas totales para la actividad económica nacional llegan a US$ 19.000 millones. 

Al parecer, las medidas que tomó el Gobierno en febrero tras las reuniones con la Mesa de Enlace, no resultan suficientes o no estarían llegando con la velocidad y profundidad necesaria a los productores. A principio de febrero el Ministerio de Economía había dado respuesta a determinadas solicitudes y habilitó fondos rotatorios para llegar a pequeños productores mediante convenios con las provincias, municipios y cooperativas; suspendió anticipo de impuesto a las ganancias; suspendió ejecuciones fiscales y embargos de cuentas; refinanció pasivos bajo las mismas condiciones que fueron otorgados los créditos; y extendió nuevas líneas crediticias con tasas subsidiadas.